Defensoría del Pueblo: urge retomar agenda de temas pendientes a favor de más de tres millones de personas con discapacidad en el país

Al conmemorarse el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de este importante sector, que representa más del 10 % de la población peruana, con más de tres millones de habitantes. En ese sentido, hace un llamado al Estado a retomar la agenda de temas pendientes, principalmente en los ámbitos laboral y de accesibilidad.
Según la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo 007-2021-MIMP, la situación de las personas con discapacidad presenta indicadores críticos. En el ámbito educativo, por ejemplo, el 13.9 % de la población con discapacidad no tiene ningún nivel de educación y solo el 14.9 % ha culminado sus estudios de educación superior. De otro lado, más de 22 % de la población con discapacidad no cuenta con seguro de salud y más de la mitad no forma parte de la población económicamente activa (PEA).
Frente a ello, la Defensoría del Pueblo recuerda algunos de los retos pendientes dirigidos a eliminar las barreras existentes. En materia laboral, las entidades públicas y privadas deben cumplir con la cuota de empleo establecida por la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, así como otorgar los ajustes razonables que resulten necesarios para garantizar el desempeño de las personas con discapacidad en el empleo.
En el ámbito de accesibilidad, por su parte, el transporte público debe adecuarse a las necesidades de este sector de la población, eliminando obstáculos que impidan su libre desplazamiento. Finalmente, en el ámbito de la justicia, resulta esencial capacitar a jueces, fiscales, policías y otros operadores de justicia para evitar vulneraciones al derecho a la libertad, especialmente en casos de internamientos en centros de salud mental o procesos que involucren a personas declaradas inimputables.
Para la Defensoría del Pueblo, también resulta necesario que los gobiernos regionales y locales acaten la obligación legal de asignar el 1 % de sus presupuestos para el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad en cada localidad. En 2024, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó que solo 289 de un total de 1916 entidades obligadas a remitir informes de cumplimiento, remitieron la documentación requerida. Sin embargo, de esta cifra, menos de la mitad asignó recursos presupuestarios iguales o mayores al 0.5 % para gastos corrientes, mientras que 191 entidades omitieron asignar recursos para gastos de capital en materia de discapacidad.
De otro lado, si bien el Código Civil ha sido reformado para reconocer el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, esta adecuación normativa sigue pendiente en el ámbito penal. La Defensoría del Pueblo recuerda que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas. Por ello, en su calidad de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la institución continuará vigilante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
