Vraem: Defensoría del Pueblo entrega constancia de desaparición forzada ocurrida durante el periodo de violencia 1980–2000

- Víctima desapareció en noviembre de 1984 en la localidad de Camoniato, en Kimbiri.
El módulo de la Defensoría de Pueblo en Pichari, cuya jurisdicción comprende al Vraem, entregó la constancia de ausencia por desaparición forzada a favor de Maximina Coras Quispe, esposa de Simón Leandro Hilario, desaparecido en noviembre de 1984 en la localidad de Camoniato en el distrito de Kimbiri en el Vraem. Esta acción se realizó en el marco de la Ley 28413, que crea el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada.
Según el testimonio de la cónyuge, un grupo de terroristas irrumpió violentamente en la vivienda donde la familia se refugiaba, tras haber huido previamente del centro poblado de Irapitari debido al incendio de su vivienda, constantes amenazas y hostigamientos. La víctima se desempeñaba, además, como teniente gobernador de su localidad, lo que lo habría colocado en mayor situación de riesgo.
Tras una verificación exhaustiva, la sede de la Defensoría del Pueblo confirmó que no existen registros del ciudadano desaparecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia Nacional de Migraciones, Oficina Nacional e Procesos Electorales (ONPE), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ni en la Policía Nacional, desde 1984. Asimismo, su nombre no figura en la base consolidada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, incluida la publicación “Los peruanos que faltan”. La versión fue ratificada por la hija de la víctima, quien confirmó su secuestro y posterior desaparición.
Tras ello, el coordinador del Módulo Defensorial de Pichari, Elvis Guzmán, realizó la entrega de la constancia, documento que permitirá a la familia iniciar el proceso no contencioso de ausencia por desaparición forzada ante el juzgado de paz, con miras a obtener el certificado de defunción e incorporarlo al registro de Reniec, de modo tal que sus deudos puedan acceder a distintos derechos que se vieron vulnerados durante más de 40 años.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo ratificó su compromiso de seguir acompañando a los familiares en procesos vinculados a desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos internos y otros hechos ocurridos durante el periodo de violencia 1980 – 2000, especialmente cuando no existen registros formales o investigaciones avanzadas. La institución continuará brindando soporte técnico y legal para asegurar justicia, memoria y reparación para las víctimas.
