Cusco: Defensoría del Pueblo recuerda obligación de autoridades del sistema justicia de aplicar ajustes razonables y de procedimiento en casos de personas con discapacidad procesadas

- Tras intervenir en caso de ciudadano con Síndrome Down y discapacidad severa, quien mantenía mandato de internamiento preventivo por seis meses.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco exhorta a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en esta región a brindar las garantías de debido proceso en el caso de personas con discapacidad que sean procesadas por algún delito, a través de ajustes necesarios para cada tipo de discapacidad que permitan que los imputados tengan pleno conocimiento de cada una de las etapas de investigación y su juzgamiento.
El pedido fue dirigido tras intervenir en el caso de un joven de 21 años con Síndrome Down y discapacidad severa, quien se encontraba sometido a un proceso penal, motivo por el cual fue internado inicialmente durante seis meses en el Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones, donde cumplía internamiento preventivo.
Según se explicó, fue luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Calca resolviera no aprobar la prolongación de la medida de internamiento preventivo requerida por el Ministerio Público, al evidenciarse que el penal de Cusco no reúne las condiciones para albergar a personas con síndrome de Down y discapacidad severa, que el ciudadano recuperó su libertad y finalmente fue absuelto por el juzgado penal colegiado. Sin embargo, durante el proceso, la sede defensorial en Cusco advirtió distintas situaciones que podrían considerarse vulneratorias de los derechos de las personas con discapacidad.
Una de estas situaciones fue que, debido a la condición del ciudadano, se evidenciaba que no era consciente de que se encontraba sometido a un proceso penal y que no entendía los motivos por los que era juzgado; asimismo, que tampoco comprendía los motivos por los que estaba en un recinto penal. Ante ello, la sede de la Defensoría del Pueblo intervino para que se brinden las medidas de seguridad necesarias a su integridad física dentro del recinto penal, lográndose que fuera ubicado a un área mínimamente segura. Además, se exhortó al órgano jurisdiccional a garantizar el desarrollo de audiencias y decisiones judiciales compatibles con los estándares internacionales aplicables a los derechos de las personas con discapacidad.
Tras otorgarse libertad, la sede defensorial explicó, que en el caso de personas con discapacidad, los procesos penales revisten una especial atención de las instituciones como el Ministerio Publico, Poder Judicial y el INPE, bajo un enfoque diferenciado en el que se garantice aspectos como la seguridad de los procesados y las condiciones de igualdad. En ese sentido, precisó que la intervención iniciada en este caso tuvo como propósito garantizar que el proceso penal se ajuste a los principios de una tutela jurisdiccional efectiva y de una motivación reforzada de las resoluciones judiciales, así como de un debido proceso y de una defensa eficaz, entre otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú.
