Defensoría del Pueblo coordina con INPE para garantizar abastecimiento de insulina a personas privadas de libertad en Huánuco

- Ministerio de Salud anunció distribución inmediata del medicamento para asegurar la continuidad del tratamiento de 16 internos insulino dependientes.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el riesgo que podría generar la interrupción del tratamiento médico de las personas privadas de libertad que requieren insulina en el establecimiento penitenciario de Huánuco, por lo que sostuvo una reunión de coordinación con la responsable del área de salud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de conocer la situación actual del abastecimiento de dicho medicamento.
Durante la reunión, se informó que el Ministerio de Salud (MINSA) realizará la distribución de un lote de insulina no inmovilizada a la Red de Salud correspondiente, desde donde será recogida para su internamiento en el tópico del establecimiento penitenciario. Esta acción permitirá garantizar la continuidad del tratamiento médico de 16 internos insulino dependientes, cuya relación fue facilitada a la Defensoría del Pueblo para el seguimiento respectivo.
Asimismo, se precisó que, en lo que respecta a los programas de atención en tuberculosis (TB), VIH, salud mental e hipertensión arterial, no se registran inconvenientes en el suministro de medicamentos ni en la atención de los pacientes. En el caso de los internos asegurados en EsSalud, se informó que se vienen realizando las coordinaciones necesarias con el Centro de Atención Primaria (CAP) Pillcomarca, con la finalidad de asegurar una atención oportuna y adecuada.
La Defensoría del Pueblo recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en condiciones de igualdad y sin discriminación, asegurando el acceso continuo y oportuno a los servicios médicos y tratamientos indispensables para la preservación de su vida e integridad.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo en Huánuco informó que continuará realizando el seguimiento a este caso, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades competentes y evitar la vulneración de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
