MENUMENU
Inicio  /  Noticia Nacional   /   Defensoría del Pueblo supervisará ejecución inmediata de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la Ley n.° 32330 declarada inconstitucional

Defensoría del Pueblo supervisará ejecución inmediata de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la Ley n.° 32330 declarada inconstitucional

7:00 am 17/01/2026

Ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha establecido que la edad mínima de imputabilidad penal es de 18 años, la Defensoría del Pueblo exhorta a los órganos responsables de la administración del sistema de justicia a adoptar, de manera inmediata, las acciones necesarias para asegurar el pleno cumplimiento de dicha sentencia y garantizar una justicia especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta:

– Al Poder Judicial: Adoptar las acciones necesarias para que todos los procesos penales tramitados contra adolescentes de 16 y 17 años, iniciados a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 32330, sean archivados y derivados a los jueces especializados de familia competentes, conforme a lo dispuesto en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y el Código de los Niños y Adolescentes, en lo que resulte aplicable. De este modo, los adolescentes a quienes se atribuya la comisión de una infracción a la ley penal deberán ser juzgados y, de corresponder, sancionados exclusivamente en el sistema penal juvenil.

– Al Ministerio Público: Disponer que los fiscales adecúen sus investigaciones al sistema penal juvenil, asegurando que toda medida de coerción solicitada respete el interés superior del niño y del adolescente, así como las garantías del debido proceso.

– Al Programa Nacional de Centros Juveniles:Realizar la clasificación y asignación inmediata de los adolescentes internados de 16 y 17 años a los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación que correspondan.

– Al Instituto Nacional Penitenciario: Trasladar de manera inmediata a los adolescentes de 16 y 17 años que se encuentren internados en establecimientos penitenciarios de adultos hacia los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación determinados por el Programa Nacional de Centros Juveniles.

La Defensoría del Pueblo actuará como ente supervisor para garantizar que ningún adolescente de 16 y 17 años permanezca en el sistema penal de adultos, reafirmando de ese modo, el compromiso con el estado constitucional de derecho y la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales de derechos humanos.