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Defensoría del Pueblo condena grave caso de violencia sexual contra adolescente y advierte fallas en la protección estatal en Cajamarca

12:41 pm 28/01/2026

  • Institución activó intervención inmediata, supervisa actuación de autoridades y articula acciones para garantizar la protección integral de la adolescente y de sus hijos

La Defensoría del Pueblo expresa su más firme y categórica condena frente al grave caso de una adolescente que habría sido víctima de violencia sexual reiterada desde los 11 años de edad en el distrito de La Encañada, región Cajamarca. Se trata de una situación de extrema gravedad que evidencia no solo una vulneración de los derechos fundamentales de una niña, sino también serias deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir, atender y erradicar la violencia contra niños y adolescentes, pese a las frecuentes alertas formuladas ante distintas instancias.

En este marco, el defensor del Pueblo, Dr. Josué Gutiérrez Cóndor, dispuso la intervención de la institución a través del Programa Rompiendo Cadenas, a fin de verificar la actuación de las autoridades competentes, supervisar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas y promover acciones urgentes orientadas a salvaguardar la integridad física, sexual, psicológica y emocional de la adolescente, considerando el principio de interés superior del niño y el derecho a acceder a una tutela efectiva.

El caso, conocido a través de diversos medios de comunicación locales, da cuenta de presuntos hechos de violencia sexual reiterada que habrían derivado en tres embarazos durante la niñez y adolescencia de la víctima. Asimismo, se ha denunciado que, pese a acudir en múltiples oportunidades a dependencias policiales, la adolescente no habría recibido una atención eficaz ni medidas de protección oportunas que impidieran la continuidad de las agresiones y situaciones de riesgo.

Ante esta grave situación, personal de la Defensoría del Pueblo se constituyó en la Comisaría Sectorial PNP de Baños del Inca, donde se verificó la existencia de cuatro denuncias por violencia familiar, así como medidas de protección judicial vigentes desde noviembre de 2024, emitidas por el Segundo Juzgado de Familia de Cajamarca. No obstante, se advirtió que dichas medidas no habrían sido suficientes ni efectivamente ejecutadas para garantizar el derecho a la protección de la adolescente.

Asimismo, se confirmó que la denuncia por presunta violación sexual fue presentada recientemente ante la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Cajamarca, encontrándose la investigación a cargo del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo viene realizando seguimiento permanente a este proceso, exhortando a que las investigaciones se desarrollen con la debida diligencia, enfoque de derechos humanos y especial protección a la niñez y adolescencia.

En el ámbito de la atención inmediata, la Defensoría del Pueblo supervisó las acciones del l Centro Emergencia Mujer, verificando que la adolescente cuente con defensa legal, acompañamiento psicológico y atención en salud especializada. Del mismo modo, se supervisó la labor de la Unidad de Protección Especial (UPE), entidad que dispuso el acogimiento familiar de la adolescente y de sus tres hijos, garantizando un entorno seguro mientras continúan las investigaciones y evaluaciones correspondientes.

Durante las acciones defensoriales también se advirtió una situación de vulneración de derechos de los niños, relacionada con la falta de documentos de identidad, acceso a servicios de salud y educación. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo viene realizando coordinaciones con RENIEC para la regularización de la identidad de los menores de edad, con la UGEL para asegurar su incorporación al sistema educativo y, con el sector salud, para garantizar su salud integral, mediante controles médicos, vacunación y seguimiento de su desarrollo integral.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con su competencia, realiza el seguimiento a las actuaciones del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, la Unidad de Protección Especial, el Centro Emergencia Mujer y los servicios de salud, con el objetivo de que se garanticen se la protección integral de la víctima, la restitución de sus derechos vulnerados y la adopción de medidas urgentes y efectivas que eviten cualquier forma de revictimización.

La Defensoría del Pueblo reitera que ningún acto de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes puede ser tolerado ni quedar impune. El Estado tiene la obligación ineludible de actuar de manera oportuna, diligente y articulada. La institución continuará vigilante, supervisando la actuación de las autoridades competentes y promoviendo todas las acciones necesarias para que garanticen los derechos a la justicia, protección integral y a una respuesta estatal firme frente a hechos que atentan contra la dignidad humana.