Defensoría del Pueblo, una vez más, advierte grave incumplimiento a la Constitución, la ley procesal penal y las reglas vinculantes del Tribunal Constitucional en un caso de detención preliminar judicial en la ciudad de Chincha

Una vez más el sistema de justicia vulnera el derecho a la libertad de un grupo de personas detenidas en Chincha, el 20 de enero del presente año, en el marco de una detención preliminar judicial por quince días, ordenada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica, medida de coerción que venció el 4 de febrero.
El Ministerio Público esperó el último día de vencimiento de la detención preliminar para presentar su requerimiento de prisión preventiva en contra de doce imputados. El Poder Judicial dio trámite al pedido de la Fiscalía sin resolver la situación jurídica de los implicados, manteniéndolos privados de su libertad por un tiempo mayor al autorizado judicialmente.
Ante ello, como Defensoría del Pueblo exhortamos a las autoridades que conforman el sistema de justicia a cumplir el plazo máximo de la detención preliminar judicial regulado en el Código Procesal Penal, el cual no establece que las personas deban permanecer privadas de su libertad vencido dicho plazo.
Asimismo, demandamos que se cumpla lo establecido por el Tribunal Constitucional en sus reiteradas sentencias que tienen el criterio vinculante de observancia obligatoria en el que estableció que la detención arbitraria se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana de detención sin que exista un mandato jurisdiccional vigente.
Desde la Defensoría del Pueblo deploramos esta vulneración sistemática al derecho a la libertad de las personas en nuestro Informe Defensorial n.° 220, denominado “La detención preliminar judicial ¿Detener para investigar o investigar para detener?” y en nuestro Informe Especial n.° 01-2024-DP-DMNPT de nuestro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ambos documentos del año 2024.
Reiteramos que toda privación de libertad que exceda el plazo máximo de detención no tiene fundamento constitucional. En el presente caso, le corresponde a las Autoridades Nacionales de Control del Ministerio Público y el Poder Judicial investigar a los operadores de justicia que no tuvieron la capacidad de resolver la situación jurídica de las personas detenidas dentro del plazo de ley. Así también exigimos a la Junta Nacional de Justicia evaluar la conducta funcional de los magistrados de control que normalizan este tipo de actuaciones arbitrarias contrarias a la Constitución y la ley.
Recordamos que las restricciones al derecho a la libertad de las personas, en una investigación o en un proceso penal, deben ser de última ratio, debiendo evaluarse la aplicación de otras medidas coercitivas menos gravosas que puedan garantizar los mismos resultados, como la detención domiciliaria, la comparecencia restrictiva o la vigilancia electrónica personal.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando acciones de supervisión y seguimiento al presente caso, en el marco de su rol de defender los derechos fundamentales de las personas y la comunidad.
