Defensoría del Pueblo ratifica importancia de continuar avanzando en la implementación del Convenio de Minamata sobre el control del mercurio

- Ante la proximidad del Día del Compromiso Internacional del Control de Mercurio, se recuerda casos críticos como el de los pasivos ambientales en Huancavelica.
Al conmemorarse este lunes 23 de febrero el Día del Compromiso Internacional del Control de Mercurio, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar supervisando el proceso de implementación del Convenio de Minamata, el mismo que fue ratificado por el Estado peruano hace 11 años y entró en vigencia en 2017, como una forma de proteger la salud humana y el ambiente frente a los efectos adversos del mercurio y sus compuestos.
El Convenio de Minamata es un tratado ratificado por más de 140 países que busca sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre los riesgos del mercurio. De esta forma, se honra a las víctimas del desastre ambiental ocurrido el siglo pasado en Minamata, Japón, donde una empresa vertió mercurio al mar durante décadas, contaminando la fauna marina y provocando graves daños en la población.
Ante esta problemática, de alcance internacional y nacional, la Defensoría del Pueblo recuerda que su intervención fue clave para que el Estado peruano agilice la ratificación de dicho tratado en 2015, el mismo que fue producto de la recomendación expresa manifestada por la entidad para contar con un instrumento jurídico dirigido a abordar los impactos negativos de la minería. Desde entonces, la Defensoría del Pueblo ha desempeñado un rol determinante en el fortalecimiento del marco normativo nacional.
En 2020 se impulsó la creación de una mesa multisectorial de trabajo para abordar la problemática histórica de exposición al mercurio en la región de Huancavelica, que alberga 854 pasivos ambientales mineros de origen colonial. Además, el 5 de agosto de 2025, la institución lideró la reunión multisectorial denominada «La problemática del mercurio en el Perú y los avances en la implementación del Convenio de Minamata», que tuvo como objetivo evaluar la efectividad de las intervenciones frente a esta problemática.
Cabe indicar que en 2019 fue aprobado el Decreto Supremo 004‑2019‑MINAM, por medio del cual se dispuso la implementación del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En dicho plan se establece como plazo máximo el año 2029 para la implementación de las acciones que permitan cumplir con las obligaciones del convenio en el Perú.
Por ello, al estar a solo tres años del cumplimiento de dicho plazo, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Ministerio Público y demás entidades competentes a fortalecer la fiscalización de insumos y maquinaria vinculados a la minería ilegal, así como a consolidar un inventario de riesgos que permita acelerar la remediación de pasivos ambientales en áreas críticas; y a proteger los derechos a la salud y a vivir en un ambiente sano de las poblaciones más vulnerables.
