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Defensoría del Pueblo exige investigación por atentado contra la integridad de su personal y vertimiento ilegal de residuos en torrentera de Arequipa

7:36 pm 05/03/2026

La Oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa expresó su enérgica protesta y exigió al Ministerio Público iniciar una investigación inmediata por los graves hechos ocurridos en el marco de una supervisión realizada en el sector aledaño al colegio Lord Byron, ubicado en el límite de los distritos de Cayma y Yanahuara. Durante la diligencia, personal de esta sede defensorial fue víctima de agresiones verbales con contenido discriminatorio y de actos de peligro común derivados del manejo irresponsable de residuos sólidos.

Aproximadamente a las 09:30 horas, un equipo liderado por la jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa acudió al lugar para atender una denuncia vecinal sobre el vertimiento de grandes volúmenes de piedra y lodo en la vía pública, material que, según se verificó in situ, alcanzaba el cauce de la torrentera El Chullo. Esta acción ponía en grave riesgo a los pobladores de las urbanizaciones aledañas ante la posibilidad de nuevos desbordes y afectaba severamente el libre tránsito peatonal.

Durante la supervisión, se constató que personal del colegio operaba maquinaria pesada para extraer material acumulado (producto de desbordes anteriores) y lo arrojaba directamente a la vía pública y a la torrentera, sin contar con autorización municipal ni medidas de seguridad. Pese a la presencia del equipo defensor, los operadores continuaron con su labor, lo que generó una situación de peligro que afectó la integridad física del personal, quienes sufrieron hundimientos en el material inestable.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo solicitó la presencia de la fiscalía de turno para sentar las denuncias correspondientes y de los equipos de fiscalización de las municipalidades de Cayma y Yanahuara. Como resultado de dicha intervención, los fiscalizadores municipales ordenaron la paralización inmediata de las obras al verificarse la carencia de licencia municipal. Sin embargo, la institución deplora que, durante el procedimiento, los responsables de la maquinaria se negaron a identificarse y profirieron frases discriminatorias y atentatorias contra la dignidad del personal defensor.

La Defensoría del Pueblo advierte que estos hechos constituyen una flagrante vulneración de las siguientes disposiciones legales:

  1. Residuos Sólidos y Gestión Ambiental: El manejo inadecuado de los residuos (piedra y lodo) contraviene el Decreto Legislativo n.° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que establece la obligación de los generadores de residuos de asegurar un manejo ambientalmente adecuado, prohibiendo su disposición en vías de transporte y cuerpos de agua, lo que corresponde a infracciones sancionables por las municipalidades y fiscalizables por el OEFA .
  2. Responsabilidad Municipal: Las municipalidades de Cayma y Yanahuara tienen la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas de gestión de residuos y seguridad en obras privadas, conforme a sus atribuciones establecidas en la Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
  3. Delitos contra la Seguridad Pública: El vertimiento de material en la torrentera podría configurar el delito de peligro común tipificado en el Código Penal, al poner en concreto riesgo la integridad de las personas ante posibles desbordes o deslizamientos.
  4. Protección contra la Discriminación: Las frases agraviantes proferidas contra el personal de la Defensoría constituyen un acto de discriminación que atenta contra la dignidad humana, prohibido por el artículo 1 de la Constitución Política del Perú y tipificado como delito en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación e incitación a la discriminación .

Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio Público, disponer la investigación preliminar para determinar la identidad de los responsables materiales y autores intelectuales de los delitos contra la administración pública (desacato u obstrucción de la labor de supervisión), contra la seguridad pública (vertimiento de material en cauce de torrentera) y contra la humanidad (discriminación).

Asimismo, requiere a las municipalidades de Cayma y Yanahuara iniciar los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes contra los responsables de las obras ilegales, verificando el cumplimiento de la paralización y ejecutando las multas que correspondan por la ausencia de licencias y el daño ambiental causado.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y rechaza categóricamente cualquier acto que pretenda obstaculizar su labor constitucional o menoscabar la dignidad de las personas.