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8 de marzo: Defensoría del Pueblo hace llamado a cerrar brechas en acceso de mujeres a derechos en ámbitos económico, educativo y político

12:44 pm 08/03/2026

  • «Que la igualdad no sea el camino, sino el destino”, es el nombre de la campaña institucional para este año, que busca crear conciencia y evitar la desigualdad.

En el Día Internacional de la Mujer, La Defensoría del Pueblo se dirige a las autoridades del Estado para advertir que, más allá de los avances normativos, el Perú continúa siendo una sociedad marcada por profundas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, que la violencia hacia las mujeres continúa como una problemática constante en todo el país. Desde la institución se mantiene la fuerte convicción de que mientras no se cierren estas grietas estructurales en lo económico, educativo y político, el ejercicio pleno de la ciudadanía para más de la mitad de la población peruana continuará siendo una utopía.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo, liderada por el doctor Josué Guitiérrez, viene trabajando arduamente en diferentes ámbitos, desde su rol de defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía. En la lucha contra el hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, entre 2024 y 2025 se ha capacitado a cerca de tres mil funcionarios de distintas instituciones sobre la importancia de denunciar esta forma de violencia. Además, ha emitido opinión sobre 25 proyectos de Ley relacionados a normas o políticas públicas que afectan a estos sectores de la población. Asimismo, se han realizado 14 capacitaciones a diversas entidades públicas y privadas relacionadas al derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia para las mujeres.

De otra parte, la institución emite el reporte mensual denominado “¿Qué paso con ellas?”, que da cuenta de la situación de las mujeres desaparecidas, así como de las víctimas de feminicidio y tentativa de este delito en nuestro país. Así, entre enero de 2025 a enero 2026 se registraron 151 feminicidios y fueron emitidas 9218 notas de alertas de mujeres desaparecidas, de las cuales el 64 % correspondió a niñas y adolescentes.

No obstante, en el Perú la desigualdad más flagrante y menos atendida es la económica. Según los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la brecha salarial persiste, obligando a las mujeres a ganar significativamente menos que sus pares varones por trabajos de igual valor. A esto se suma la precariedad, debido a que la gran mayoría de mujeres trabajadoras se encuentra en el sector informal, sin acceso a seguridad social ni pensiones dignas, lo que perpetúa un ciclo de pobreza que se agudiza en la vejez.

De otro lado, en los ámbitos educativo y social, las brechas también son alarmantes, especialmente en las zonas rurales. El embarazo adolescente continúa siendo un factor determinante que empuja a miles de niñas y adolescentes a abandonar las escuelas cada año, truncando sus proyectos de vida y ampliando la desigualdad de oportunidades frente a los hombres. Finalmente, en la esfera política, si bien existen leyes de paridad y alternancia, las autoridades mujeres enfrentan una barrera invisible pero violenta como es el acoso político, que busca desalentar su participación en la toma de decisiones, relegándolas al espacio privado.

Por ello, este año la campaña institucional lleva por nombre “Que la igualdad no sea el camino, sino el destino”, dirigida a crear conciencia en las autoridades actuales y a las que asumirán roles a partir de julio próximo, así como en el sector privado y en las propias mujeres, sobre la necesidad de implementar políticas efectivas hacia una participación equitativa de las mujeres en todos los campos del desarrollo. Además, se busca que las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores de nuestro país puedan ejercer plenamente sus derechos.

En esta fecha reivindicativa, la institución hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que el enfoque de equidad entre hombres y mujeres no sea solo un discurso de fechas conmemorativas, sino una herramienta técnica de gestión pública. Se requiere presupuesto específico para reducir estas brechas y voluntad política para fiscalizar la discriminación laboral y educativa.