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Defensoría del Pueblo recuerda obligación del Estado de garantizar diagnósticos y tratamientos gratuitos para personas afectadas por tuberculosis

1:09 pm 24/03/2026

  • En 2024 se reportaron más de 33 mil casos, convirtiéndose en una de las enfermedades infecciosas que genera mayores desafíos para el país.

En el Día Mundial de la Tuberculosis (TB), la Defensoría del Pueblo recuerda la obligación del Estado de garantizar el diagnóstico y tratamiento integral gratuito para todas las personas que luchan contra esta enfermedad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley General de Salud. Además, se insta a todas las entidades del Estado, así como instituciones privadas y a la sociedad en su conjunto, a sumarse a la lucha contra esta  enfermedad, aplicando medidas preventivas como la detección temprana y la vigilancia epidemiológica.

Cabe indicar que el año pasado se dio a conocer los resultados de la supervisión nacional al Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y su familia (PANTBC), que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales y el nivel de coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como la composición y  condiciones de almacenamiento de las canastas distribuidas, entre otros factores.

Como resultado, se conoció que los mayores presupuestos asignados para las canastas se concentran para distritos como San Juan de Lurigancho y Ate, y en las provincias de Callao, Maynas y Coronel Portillo, con asignaciones entre 3 y 9 millones de soles. Sin embargo, la capacidad de ejecución es baja: en el primer trimestre de 2025, 126 municipalidades registraron un avance menor al 5%; de las cuales 30 pertenecían a Lima Metropolitana.

Para la Defensoría del Pueblo esta situación resulta preocupante si se considera que, solo en 2024, se reportaron 33 049 casos de tuberculosis, constituyéndose de esta manera en una de las enfermedades infecciosas que genera mayores desafíos para la salud pública peruana. Ante ello, la institución recuerda que la Ley 30287, Ley de Control y Prevención de la Tuberculosis y su Reglamento (Decreto Supremo 021-2016), declara de interés nacional la lucha contra la TB, logrando de esta forma que su control sea una política de Estado. Es así que la población afectada por esta enfermedad tiene el derecho de acceder a una  atención integral y gratuita, al descanso médico y a la protección frente al despido laboral.

De otro lado, si bien en los últimos años el Estado peruano ha implementado diversas estrategias para mejorar la detección precoz y tratamientos menos invasivos y de mayor adherencia, aún persisten desafíos relacionados con el aumento de cepas resistentes y extremadamente resistentes, lo que evidencia fallas en la detección temprana y la vigilancia epidemiológica. Además, la enfermedad mantiene mayor incidencia entre personas con VIH, diabetes, población penitenciaria, pueblos indígenas, migrantes y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad como el hacinamiento y la pobreza.

Frente a ello, durante 2025 la Defensoría del Pueblo ha liderado una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y EsSalud para garantizar el acceso el tratamiento oportuno de los pacientes; asimismo, se ha establecido coordinaciones con la sociedad civil para la generación de alertas tempranas frente a la necesidad de accesibilidad a los servicios de salud. Erradicar la tuberculosis exige de una respuesta colectiva y sostenida, en la que el acceso universal y la atención sin discriminación sean principios fundamentales para asegurar que todas las personas puedan recuperarse plenamente.