Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a garantizar el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones e impulsar el retiro oportuno del cableado que pone en riesgo a la población

- En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, se recuerda que los servicios públicos de telecomunicaciones deben ser accesibles y seguros.
Al conmemorarse hoy el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Defensoría del Pueblo resalta la importancia de garantizar la universalidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, por su relevancia para el ejercicio de derechos fundamentales vinculados a la comunicación, educación, salud, trabajo, acceso a la información y uso de herramientas que brindan mayor competitividad en la economía global.
Los servicios de telecomunicaciones son un pilar esencial para fomentar la participación ciudadana en la era digital; por ello, su prestación debe realizarse en condiciones adecuadas de continuidad, accesibilidad y calidad.
De acuerdo con la información reportada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), al 2025 existían a nivel nacional más de 43 millones de líneas de telefonía móvil, más de 33 millones de líneas móviles con acceso a Internet y más de 4.37 millones de conexiones de Internet fijo.
No obstante, persisten brechas diferenciadas según el área de residencia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 95.7 % de los hogares cuenta con telefonía móvil; sin embargo, en las zonas rurales el acceso disminuye a 88 %.
A nivel nacional, los hogares con acceso a Internet fijo alcanzan el 60.1 %, mientras que en las áreas rurales solo el 23.4 % accede a este servicio.
Cabe señalar que el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones debe ejecutarse respetando la seguridad de las personas y evitando impactos negativos en los espacios públicos.
En ese escenario, la Defensoría del Pueblo ha realizado seguimiento a la implementación de la Ley 31595, que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país; así como a su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 007-2024-MTC, con el fin de verificar el retiro de dicho cableado por parte de las empresas de telecomunicaciones.
Si bien las empresas concesionarias han reportado acciones e intervenciones para cumplir con la norma, se advierte la falta de información consolidada sobre el avance real del retiro del cableado a nivel nacional. Además, no existen mecanismos adecuados de trazabilidad que permitan conocer el total de cableado pendiente de retiro ni canales para que la ciudadanía pueda reportar las zonas con mayor presencia de cables colgantes o deteriorados ante las empresas concesionarias, municipalidades u organismos reguladores.
En ese sentido, se requiere una delimitación clara de competencias y responsabilidades, a fin de que los organismos reguladores como Osiptel y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) asuman funciones de supervisión y fiscalización de las condiciones de la infraestructura pública de telecomunicaciones y electricidad, respectivamente.
Del mismo modo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Energía y Minas deben definir la implementación de medidas orientadas a la seguridad de la infraestructura pública que contribuyan a la calidad del servicio.
Como lo ha hecho anteriormente, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando las acciones emprendidas por los gobiernos locales y las empresas operadoras para el retiro del cableado en desuso.
De esta manera, la institución reafirma su compromiso de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades competentes y de seguir promoviendo medidas orientadas a proteger los derechos de las personas y garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos en beneficio de toda la ciudadanía.
