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Defensoría del Pueblo saluda declaratoria de emergencia sanitaria en Loreto y Puno, y exige ejecución inmediata de medidas para contener brotes de enfermedades prevenibles por vacunación

2:22 pm 17/05/2026

Tras reiteradas advertencias y pedidos de intervención al Minsa y al Gobierno Regional de Loreto, así como acciones de seguimiento frente al brote de sarampión en Puno, exigimos que las medidas aprobadas se implementen con oportunidad, transparencia y enfoque territorial.

La Defensoría del Pueblo saluda la emisión de los Decretos Supremos n° 007-2026-SA y n° 008-2026-SA, mediante los cuales el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días calendario, en la provincia de Loreto, ante el riesgo elevado de tosferina y otras enfermedades respiratorias; así como en Puno y diversas regiones del país ante el brote de sarampión con transmisión local confirmada y riesgo elevado de diseminación.

En el marco del mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de la administración estatal, se ha realizado seguimiento permanente a la situación sanitaria en Loreto y Puno, trasladando diversos oficios al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional de Loreto, así como formulando advertencias y recomendaciones orientadas a la adopción de medidas firmes, oportunas y sostenidas para contener brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.

En el caso de Loreto, la declaratoria de emergencia sanitaria aprobada mediante el Decreto Supremo n° 007-2026-SA reconoce la necesidad de ejecutar un plan de acción frente al riesgo elevado de tosferina y otras enfermedades respiratorias en la provincia de Loreto, una zona que requiere especial atención por sus condiciones geográficas, brechas de acceso a servicios de salud, dispersión poblacional y dificultades para garantizar coberturas oportunas de vacunación.

Respecto del sarampión, la Defensoría del Pueblo recuerda que recientemente emitió la Nota de Prensa n.° 217/OGCO/DP/2026, en la que exigió acciones inmediatas ante el alarmante incremento de casos en Puno, advirtiendo que, dos meses después de la alerta epidemiológica, el brote aún no había sido contenido. En esa línea, el Decreto Supremo n.° 008-2026-SA confirma la gravedad de la situación al declarar la emergencia sanitaria en Puno y en otras jurisdicciones con riesgo elevado de diseminación, entre ellas Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Para la Defensoría del Pueblo, estas declaratorias constituyen una medida necesaria, pero no suficiente; por ello, exhortamos al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, los gobiernos regionales y locales, así como a las direcciones y gerencias regionales de salud involucradas, a ejecutar de manera inmediata los planes de acción aprobados, garantizando brigadas de vacunación, búsqueda activa de casos, cerco epidemiológico, disponibilidad de vacunas e insumos, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, comunicación de riesgo con pertinencia cultural y atención oportuna de la población afectada.

Asimismo, exigimos que la ejecución de los recursos destinados a atender ambas emergencias sanitarias se realice con transparencia, trazabilidad y estricta orientación a resultados, considerando que las contrataciones autorizadas deben destinarse exclusivamente a los fines previstos en las normas aprobadas, bajo responsabilidad. En el caso del Decreto Supremo n° 008-2026-SA, la norma precisa además que las entidades intervinientes deberán informar, al término de la emergencia, sobre las actividades y recursos ejecutados, así como los resultados alcanzados.

La Defensoría del Pueblo reitera que las enfermedades prevenibles por vacunación requieren una respuesta rápida, articulada y sostenida del Estado, especialmente en niños, gestantes, personas inmunocomprometidas, población indígena y amazónica, y comunidades con limitado acceso a servicios de salud. La demora en la adopción de medidas oportunas puede generar un mayor riesgo para la vida y la salud de la población, así como ampliar brechas históricas de protección sanitaria.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando la implementación de las medidas dispuestas en ambas declaratorias de emergencia sanitaria, así como el cumplimiento de las obligaciones del Ministerio de Salud, gobiernos regionales y demás entidades competentes, a fin de garantizar el derecho a la salud, la vacunación oportuna y la protección efectiva de la población frente a brotes que pueden y deben ser prevenidos.