Defensoría del Pueblo impulsa articulación Interinstitucional para la protección de la salud de la población expuesta a metales pesados

- Mesa técnica reunió a entidades competentes para fortalecer la identificación de fuentes de exposición, la vigilancia sanitaria y ambiental, y la atención integral en salud de la población afectada.
La exposición a metales pesados constituye una problemática de salud pública que exige una respuesta integral, oportuna y articulada del Estado, debido a los riesgos que representa para la vida, la salud y el desarrollo de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, gestantes, personas adultas mayores, pueblos indígenas y comunidades amazónicas.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para el Derecho a la Salud, convocó una mesa técnica intersectorial con la participación de representantes del Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), la Dirección de Enfermedades No Transmisibles (DENOT) del Ministerio de Salud, y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS).
El espacio tuvo como finalidad fortalecer la articulación entre las entidades competentes para avanzar en la identificación de fuentes de exposición a metales pesados, la vigilancia epidemiológica y ambiental, así como en la implementación de acciones orientadas a garantizar la atención integral en salud de las personas expuestas o afectadas.
Durante la reunión se abordaron los principales desafíos que enfrenta el Estado para proteger la salud de la población expuesta a metales pesados, entre ellos la dispersión de información, la fragmentación de competencias, la necesidad de mejorar los mecanismos de monitoreo ambiental y vigilancia sanitaria, así como la urgencia de asegurar rutas claras para la evaluación, diagnóstico, seguimiento clínico y tratamiento de las personas afectadas.
Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los sectores salud, ambiente, energía y minas, y las entidades de fiscalización, a fin de que la identificación de fuentes de exposición permita adoptar medidas preventivas, correctivas y de atención sanitaria. Ello resulta indispensable para evitar que la población continúe expuesta a riesgos que pueden comprometer su salud y calidad de vida.
La Defensoría del Pueblo remarcó que la respuesta estatal no debe limitarse a la identificación de contaminantes, sino que debe traducirse en acciones concretas para proteger la salud de las personas, garantizando acceso oportuno a tamizaje, atención de salud, seguimiento especializado, información clara a la población y medidas de prevención frente a nuevas exposiciones.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de continuar promoviendo espacios de articulación interinstitucional que permitan impulsar una respuesta integral del Estado frente a la exposición a metales pesados, priorizando la protección efectiva del derecho a la salud de la población afectada y en riesgo.
