Defensoría del Pueblo presentó el informe sobre conflictos en materia electoral y su prospectiva en la sucesión gubernamental

La Defensoría del Pueblo presentó el informe «Conflictividad Social en el Marco de las Elecciones Generales 2026», que analiza los conflictos sociales y las protestas vinculadas al proceso electoral para anticipar los riesgos previos a la transferencia del mando presidencial del 28 de julio de 2026.
El estudio advierte que, ante la proximidad del cambio de gobierno, la conflictividad social no debe escalar hacia la violencia ni comprometer una sucesión gubernamental ordenada.
El hallazgo central del informe es la creciente vinculación entre la conflictividad social y la dinámica electoral, que se intensifica conforme se acerca el cambio de gobierno. El estudio confirma que la fase posterior a la segunda elección, y no la jornada electoral en sí, concentra la mayor tensión y resulta el momento más sensible para la gobernabilidad.
Frente a ello, la Defensoría del Pueblo desplegó acciones de prevención y gestión de conflictos para proteger los derechos fundamentales y garantizar el adecuado desarrollo de las Elecciones Generales 2026, mediante la mediación en conflictos de alcance nacional, el diálogo en los locales de votación y la coordinación permanente con el sistema electoral.
Asimismo, el informe incorpora además un análisis prospectivo al 28 de julio de 2026, que proyecta una conflictividad de intensidad baja a moderada e identifica a la macrorregión sur y a Lima Metropolitana como los principales focos de riesgo. Advierte que la prolongación de controversias electorales, la polarización política y las narrativas de fraude podrían tensar el clima social hasta la instalación del nuevo gobierno.
Por ello, exhortamos a las autoridades, organizaciones políticas y actores sociales a actuar con responsabilidad democrática, respetar los resultados electorales y contribuir a una sucesión gubernamental ordenada, pacífica y respetuosa del Estado de derecho.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de promover el diálogo, prevenir la violencia y defender los derechos fundamentales de la ciudadanía como pilares de la estabilidad democrática del país.
