Defensoría del Pueblo exhorta a fortalecer el cumplimiento del plan de manejo ambiental sostenible de Chinchaycocha y la protección del derecho a un ambiente sano

- La Defensoría del Pueblo, advierte retrasos en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2022-2026, persistencia de fuentes de contaminación y limitaciones en la articulación interinstitucional para la protección de este importante ecosistema altoandino.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de Medio Ambiente y Cambio Climático, realizó una mesa de trabajo: «Implementación, evaluación y resultados de los Planes de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha (PMASCh)», espacio de diálogo y seguimiento destinado a evaluar los avances, desafíos y resultados de las acciones implementadas para la recuperación ambiental del lago Chinchaycocha y la protección de los derechos de las poblaciones de su cuenca.
La actividad fue inaugurada por el Defensor del Pueblo, Dr. Josué Gutiérrez Cóndor, y contó con la participación de representantes de los gobiernos regionales de Pasco y Junín, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio Público, Electroperú S.A., Activos Mineros S.A.C. y representantes de las comunidades campesinas de Villa de Junín, Matacancha, Ninacaca, Cochamarca, Conoc, Santa Clara de Chuiroc y Carhuamayo.
El lago Chinchaycocha, también conocido como lago Junín, constituye uno de los ecosistemas altoandinos más importantes del país. Ubicado entre los departamentos de Junín y Pasco, cumple funciones esenciales para la regulación hídrica de la cuenca del Mantaro, alberga una importante biodiversidad y representa una fuente de sustento para numerosas poblaciones locales.
Durante la reunión, las entidades participantes presentaron limitaciones identificadas para la ejecución de actividades estratégicas previstas en el PMASCh 2002-2026, particularmente en la aprobación del estudio hidrológico y batimétrico del lago, instrumento técnico fundamental para orientar diversas acciones de recuperación ambiental. Asimismo, se advirtió el incumplimiento de actividades de mantenimiento de ríos y canales afluentes, situación que podría afectar el adecuado funcionamiento del ecosistema.
La institución también expresó su preocupación por la persistencia de fuentes de contaminación asociadas a vertimientos de aguas residuales sin tratamiento adecuado, pasivos ambientales mineros, disposición inadecuada de residuos sólidos y otras actividades que continúan afectando la calidad del agua y de los sedimentos del lago y sus tributarios.
Asimismo, se identificaron avances limitados en la remediación de pasivos ambientales mineros, particularmente en las cuencas de los ríos Ragra y San Juan, consideradas zonas críticas de contaminación. Del mismo modo, se advirtieron deficiencias en la infraestructura de saneamiento básico y retrasos en la implementación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en diversas localidades de la cuenca.
La Defensoría del Pueblo sostuvo, además, la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades responsables de la implementación del PMASCh, así como de mejorar la atención de los impactos de la contaminación sobre la salud de la población, especialmente mediante el desarrollo de mecanismos de vigilancia epidemiológica para personas expuestas a metales pesados.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la Autoridad Nacional del Agua, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a los gobiernos regionales de Junín y Pasco, a los gobiernos locales y demás entidades competentes a fortalecer la coordinación interinstitucional y adoptar medidas oportunas y sostenibles para garantizar el cumplimiento de las acciones previstas en el PMASCh.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar supervisando las acciones del Estado orientadas a la recuperación ambiental del lago Chinchaycocha, promoviendo espacios de diálogo y articulación interinstitucional que contribuyan a la protección de la biodiversidad, la salud de la población y la garantía efectiva del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
