Defensoría del Pueblo expresa su rechazo a todo acto de violencia contra las mujeres enfatizando que se agrava cuando provienen de altas autoridades

- La institución recuerda que los altos funcionarios tienen un deber redoblado de ejemplaridad, probidad, ética y respeto irrestricto por los derechos humanos.
Ante la grave denuncia pública difundida en los medios de comunicación sobre presuntos hechos de hostigamiento sexual laboral formulada por una trabajadora contra el exministro de Trabajo y Promoción del Trabajo, Fredy Solano, corresponde precisar que, al momento de ocurrir los hechos denunciados, el señor Fredy Solano se desempeñaba como director ejecutivo del Programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mientras que la presunta agraviada se desempeñaba como su secretaria, existiendo entre ambos una manifiesta relación de subordinación laboral
Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo expresa su más enérgico rechazo frente a toda forma de violencia contra las mujeres y recuerda que el hostigamiento sexual laboral constituye una conducta de carácter sexual o sexista no deseada por la víctima, que crea un entorno intimidatorio, hostil y humillante. Esta problemática incluye tocamientos o roces indebidos, gestos obscenos, propuestas o exigencias de favores sexuales, así como comentarios o insinuaciones de carácter sexual. Esta forma de violencia sexual atenta directamente contra los derechos humanos, vulnerando la dignidad, la libertad sexual, la salud, y el derecho a desenvolverse en un ambiente laboral seguro, libre de violencia y discriminación.
De acuerdo con el Reporte de Denuncias 2025 de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR, el número de entidades públicas que registraron denuncias por hostigamiento sexual se incrementó significativamente, pasando de 67 a 86, lo que implica un incremento de 28.4 % respecto de 2024. Asimismo, los datos sectoriales revelan que la gran mayoría de denuncias se concentran en organismos del Gobierno Nacional (79 %), siendo las mujeres el 91 % de las presuntas víctimas.
En ese sentido, la Defensoría del pueblo enfatiza que estos hechos denunciados revelan una relación laboral caracterizada por una posición de autoridad y subordinación que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Esta situación se agrava de manera crítica cuando el presunto agresor ha ocupado posteriormente la cartera ministerial responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y liderar las políticas de prevención y erradicación del acoso sexual laboral en el país.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades competentes actuar con la máxima celeridad, objetividad y rigurosidad. Es imperativo aplicar de manera transversal el principio de la debida diligencia, imparcialidad y el enfoque de derechos humanos y género en cada etapa de la investigación, evitando cualquier tipo de revictimización o sesgo de impunidad.
La lucha contra la violencia hacia las mujeres exige al Estado un compromiso real y sin excepciones. La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante del desarrollo de las investigaciones, garantizando que las instituciones del Estado respondan con la firmeza que la gravedad de los hechos amerita.
