Tribunal Constitucional coincide con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para fortalecer el control de agroquímicos

La Defensoría del Pueblo destaca que la Sentencia N.° 1111/2026, emitida por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional el 21 de julio de 2026, ha sido emitida en la misma línea de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones formuladas en el Informe Defensorial N.° 268, denominado “Supervisión nacional sobre la concentración de agroquímicos en las frutas, verduras, tubérculos y cereales a nivel nacional” publicado en marzo del presente año, al reconocer la existencia de deficiencias estructurales en la actuación estatal para prevenir y controlar los riesgos sanitarios y ambientales derivados del uso de plaguicidas y la presencia de residuos en alimentos destinados al consumo interno.
El Tribunal Constitucional, al declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios y otras organizaciones, reconoció la existencia de un estado de cosas inconstitucional frente a la insuficiente respuesta estatal para prevenir y controlar los riesgos sanitarios y ambientales asociados al uso de determinados plaguicidas, coincidiendo con los hallazgos de la Defensoría del Pueblo sobre las debilidades estructurales del sistema de inocuidad alimentaria.
El Informe Defensorial N.° 268-2026 identificó, entre otros aspectos, la presencia de ingredientes activos prohibidos en alimentos de consumo masivo, la existencia de sustancias sin Límites Máximos de Residuos regulados, la limitada fiscalización del uso de agroquímicos, la falta de trazabilidad en la cadena de comercialización, la informalidad en los mercados y la insuficiente articulación entre las entidades competentes.
A partir de estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo formuló y notificó recomendaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros; al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); al Ministerio de Salud y sus órganos competentes; al Ministerio del Ambiente; a los gobiernos locales; y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Asimismo, viene impulsando su implementación y realizando el seguimiento correspondiente.
Entre las principales medidas recomendadas se encuentran conformar una comisión multisectorial que elabore una hoja de ruta con plazos, indicadores y responsables; ampliar el monitoreo, la vigilancia y la fiscalización de residuos de plaguicidas; actualizar el registro de plaguicidas de uso agrícola, las Buenas Prácticas Agrícolas y la normativa sanitaria sobre LMR; fortalecer las capacidades de los laboratorios y de las entidades competentes; e implementar mecanismos de identificación y trazabilidad de los productos agrícolas.
La sentencia del Tribunal Constitucional coincide, en aspectos sustantivos, con los hallazgos y recomendaciones formulados por la Defensoría del Pueblo. Al declarar fundada la demanda de amparo, reconoció la existencia de un estado de cosas inconstitucional debido a la insuficiente vigilancia, fiscalización y aseguramiento de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo interno, así como una respuesta estatal estructuralmente insuficiente frente a los riesgos sanitarios y ambientales.
En concordancia con las recomendaciones defensoriales, el Tribunal Constitucional ordenó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) suspender temporalmente la venta, distribución y uso de productos fitosanitarios que contengan clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, cuando se destinen a la producción de alimentos de origen vegetal para el consumo interno. Asimismo, dispuso realizar una reevaluación técnicocientífica integral en un plazo de 90 días hábiles y elaborar e implementar, en 180 días hábiles, un plan interinstitucional destinado a fortalecer la supervisión, fiscalización, trazabilidad, monitoreo y respuesta sanitaria.
La Defensoría del Pueblo destaca que esta decisión reafirma la necesidad de que el Estado adopte medidas integrales y sostenidas para garantizar la inocuidad alimentaria, fortalecer la vigilancia sanitaria y ambiental, y proteger los derechos a la salud, a un ambiente equilibrado y adecuado, y a una alimentación adecuada y segura. En ese sentido, exhorta a las entidades competentes a cumplir oportunamente los mandatos de la sentencia e implementar las recomendaciones del Informe Defensorial n.° 268, a fin de superar las brechas identificadas y proteger eficazmente a la población frente a los riesgos derivados del uso inadecuado de agroquímicos.
