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Defensoría del Pueblo exhorta a los tres niveles de gobierno a intervenir de manera oportuna, coordinada y articulada ante incendio en Los Olivos

7:24 pm 24/07/2026

  • Emisiones generadas por el incendio en fábrica de Los Olivos ponen en riesgo la salud de la población y requieren acciones ambientales inmediatas.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades de primera respuesta —el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de Los Olivos y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)— a fortalecer la articulación interinstitucional y ejecutar acciones oportunas para proteger la integridad de la población y prevenir posibles impactos ambientales derivados del incendio de gran magnitud ocurrido durante la madrugada del 24 de julio de 2026 en la fábrica de cosméticos y perfumes Yobel (antes Yanbal), ubicada en el distrito de Los Olivos.

El siniestro comprometió un almacén de aproximadamente 1200 metros cuadrados, lo que hace necesaria la implementación de medidas de vigilancia ambiental, control de emisiones y gestión adecuada de los residuos generados durante la emergencia.

Durante la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en la zona afectada, se constató la presencia de emisiones atmosféricas provenientes de la combustión de materiales y sustancias asociadas a la actividad industrial desarrollada en el establecimiento. Esta situación podría haber ocasionado la liberación de material particulado, gases irritantes y otros compuestos con potencial impacto en la calidad del aire y en la salud de las personas expuestas. Incluso, se advirtió que parte de la población permanecía en el área de influencia del incendio sin contar con equipos de protección adecuados, como mascarillas, lo que incrementa los riesgos asociados a la inhalación de contaminantes.

En ese contexto, corresponde a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, en el marco de sus competencias, adoptar medidas inmediatas de protección a la población, fortalecer la respuesta local frente a la emergencia y promover acciones para reducir los riesgos derivados del siniestro. Por su parte, el Ministerio de Salud debe reforzar la vigilancia sanitaria, evaluar a las personas potencialmente expuestas, brindar atención preventiva y emitir recomendaciones orientadas a reducir los efectos derivados de la exposición a contaminantes.

De igual manera, corresponde al OEFA desarrollar acciones de evaluación, supervisión y monitoreo ambiental para determinar la posible afectación a la calidad del aire, verificar la adecuada gestión de los residuos generados y disponer las medidas de control y mitigación que correspondan. La actuación coordinada de estas entidades resulta indispensable para reducir los riesgos ambientales, proteger la salud pública y garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para su desarrollo.

También se tomó conocimiento de la participación de aproximadamente 25 unidades operativas y 120 bomberos voluntarios, quienes vienen interviniendo mediante turnos y relevos para controlar y extinguir el incendio, labores que, según la evolución de la emergencia, se prolongarían hasta el domingo. Asimismo, se verificó la presencia de unidades del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), encargadas de brindar atención prehospitalaria y respuesta sanitaria ante posibles personas afectadas, así como de equipos del Programa Gratitud e INABIF en Acción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que brindan asistencia social, acompañamiento y apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.

La adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Jaqueline Ambar Roque Quispe, señaló que entre los años 2015 y 2024 se registraron aproximadamente 12 000 incendios urbanos en el país, cuyos efectos trascienden las pérdidas materiales y personales, al generar contaminación atmosférica, emisión de gases y material particulado, residuos con características peligrosas y alteraciones en los ecosistemas urbanos. En esa línea, resaltó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, fiscalización ambiental y gestión del riesgo frente a eventos que puedan comprometer la salud de la población y la calidad del ambiente.

Cabe señalar que establecimientos industriales como la planta de Yobel deben contar con instrumentos de gestión ambiental (IGA) actualizados, orientados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales asociados a sus actividades. En ese sentido, corresponde al OEFA verificar el cumplimiento de dichas obligaciones ambientales y garantizar una adecuada fiscalización conforme a la normativa vigente.

La Defensoría del Pueblo continuará supervisando la actuación de las entidades públicas competentes para garantizar una respuesta estatal efectiva orientada a la protección del ambiente, la salud pública y los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo el cumplimiento de los principios de prevención, precaución, sostenibilidad, responsabilidad ambiental, acceso a la información y participación ciudadana.