Defensoría del Pueblo respalda anuncio de relanzamiento del PRONAA tras advertir deficiencias en el PAE

- Las supervisiones defensoriales identificaron demoras en las transferencias financieras a los Comités de Gestión de Contrataciones (CGC), así como deficiencias en la inocuidad de los alimentos en diversas regiones.
- La falta de presupuesto para infraestructura de cocina impide la preparación de raciones en las instituciones educativas y obliga a la entrega de canastas de alimentos.
La Defensoría del Pueblo saluda el anuncio de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, sobre el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), iniciativa que representa una oportunidad para fortalecer la política pública orientada a garantizar el derecho a una alimentación adecuada de niños y adolescentes.
En ese contexto, y en el marco de su labor de supervisión y colaboración con las entidades del Estado, la Defensoría del Pueblo ha realizado acciones de supervisión al Programa de Alimentación Escolar (PAE), identificando diversas deficiencias operativas que requieren atención inmediata para asegurar una prestación eficiente, oportuna y de calidad.
Entre los principales hallazgos, se advirtió que la ausencia de recursos destinados a la implementación y mantenimiento de infraestructura de cocina en numerosas instituciones educativas impide la preparación de raciones diarias, por lo que el servicio se brinda mediante la entrega de canastas de alimentos. Esta situación limita el cumplimiento del objetivo del programa de ofrecer una alimentación adecuada durante la jornada escolar.
Asimismo, las supervisiones evidenciaron deficiencias en la inocuidad y el control de calidad de los alimentos en distintas regiones del país. En Junín, Huánuco, Lambayeque y Cajamarca se identificaron problemas relacionados con la presencia de plagas y el incumplimiento de condiciones sanitarias, situaciones que comprometen la calidad del servicio alimentario.
De igual manera, se identificaron demoras en las transferencias de recursos a los Comités de Gestión de Contrataciones (CGC), lo que afecta la continuidad del servicio. A ello se suman limitaciones logísticas y de capacidad operativa, como el déficit de personal encargado de la supervisión en Huancavelica, así como incumplimientos por parte de proveedores que impactaron la atención de instituciones educativas en Áncash.
Frente a estos resultados, la Defensoría del Pueblo exhorta a las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a adoptar medidas urgentes para fortalecer la gestión del programa, garantizar un financiamiento oportuno y suficiente, optimizar los mecanismos de supervisión y asegurar que el servicio alimentario llegue a los estudiantes con los estándares de calidad e inocuidad que corresponden.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar supervisando la prestación del servicio alimentario escolar y de poner en conocimiento de las entidades competentes los resultados de las acciones de supervisión que viene desarrollando, con el propósito de contribuir a la implementación de medidas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada de la población escolar.
