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En el día internacional de los Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo exige al Estado garantizar la implementación de la política nacional de pueblos indígenas u originarios y cerrar brechas en la prestación de los servicios públicos

7:08 am 09/08/2026

  • Urge que los tres niveles de gobierno garanticen el acceso a los servicios públicos con pertinencia cultural en el marco de la Política Nacional al 2040.
  • Población que se autoidentifica como indígena disminuyó en más de 186 000 personas respecto al censo anterior, lo que evidencia la necesidad de fortalecer y revalorar la identidad cultural del país.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a todas las entidades del Estado, en sus tres niveles de gobierno, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los 55 pueblos indígenas del país, registrados en 9 270 localidades distribuidas en los Andes y la Amazonía, asegurando la prestación de servicios públicos oportunos y con enfoque intercultural.

El Perú es un país pluricultural con 48 lenguas originarias. Aunque el INEI no ha publicado aún información actualizada respecto a las brechas, los datos censales históricos evidencian que aún persisten profundas brechas en el acceso a derechos fundamentales, principalmente en servicios básicos, lo cual afecta directamente la salud, la seguridad alimentaria y el bienestar general. Según datos institucionales del año 2017, el 16.3 % de la poblaciónautoidentificada como indígena no cuenta con energía eléctrica, el 26.4 % carece de agua potable y el 40.4 % no tiene saneamiento, cifras que superan ampliamente el promedio nacional.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advierte con preocupación los resultados preliminares de los Censos Nacionales 2025, donde se observa una reducción real en el número de personas que se autoidentifican como parte de un pueblo indígena. En comparación con el censo de 2017, la población indígena descendió de 5 985 551 a 5 798 703 personas censadas, una disminución concentrada principalmente en el pueblo quechua.

Frente a este escenario, la institución destaca la aprobación de la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, como un instrumento de gestión que es de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública. Dicha política no solo sienta las bases para una acción estatal integral y transversal, sino que aborda de manera articulada las principales demandas y desafíos históricos de los pueblos indígenas: desde la garantía de sus derechos territoriales y la protección de sus conocimientos ancestrales, hasta la lucha contra la discriminación étnico-racial y el racismo, pasando por la consulta previa, el enfoque de género e intercultural, y las dimensiones sociales, económicas y ambientales frente al cambio climático.

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por el limitado presupuesto destinado a la protección de los pueblos indígenas. Para el año 2026, el presupuesto asignado al sector Cultura representa aproximadamente el 0,21 % del Presupuesto del Sector Público, lo que evidencia una brecha que limita el adecuado cumplimiento de sus funciones en la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, la incorporación efectiva del enfoque intercultural en la prestación de los servicios públicos y el seguimiento de la implementación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040.

Frente a ello, se formula un llamado urgente a las entidades del Estado involucradas en dicha política para que prioricen y garanticen la asignación de recursos presupuestales suficientes que les permita cumplir las metas establecidas en sus servicios identificados en la PNPI al 2040, evitando con ello comprometer las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos e interculturalidad.

Nuestra institución reafirma su compromiso de supervisar que la gestión pública asuma la diversidad cultural como una fortaleza, orientada a la erradicación de la discriminación étnico-racial en el país, asegurando que las soluciones respondan a sus prioridades y que los derechos y oportunidades sean ejercidos en pie de igualdad con el resto de la población, en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo.