Defensoría del Pueblo presenta informe que advierte graves vulneraciones de derechos en investigaciones por lavado de activos

- Informe Defensorial N.° 286 plantea reformas para fortalecer la persecución del delito sin afectar el debido proceso ni los derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo del Dr. Josué Gutiérrez Cóndor, presentó el Informe Defensorial N.° 286, “Lavado de activos. Cuando la investigación se convierte en condena. ‘Muertos en vida’. La afrenta de un sistema que vulnera derechos fundamentales”, elaborado por la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y la Lucha contra las Drogas. El documento analiza las principales deficiencias en la investigación y persecución del delito de lavado de activos en el país, así como el impacto que estas generan sobre los derechos fundamentales de las personas investigadas.
La presentación fue encabezada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, quien advirtió que, entre 2019 y 2025, el Ministerio Público registró 6616 investigaciones fiscales por el presunto delito de lavado de activos; sin embargo, solo 234 culminaron con una sentencia condenatoria en primera instancia, lo que representa apenas el 3,54 % del total. En contraste, el 96,46 % de los casos permanece en investigación o concluyó con absoluciones, mientras que el tiempo promedio para resolver estos procesos puede alcanzar los 17 años, excediendo el plazo razonable y generando graves afectaciones a la presunción de inocencia, el patrimonio, el honor, la libertad de empresa y el proyecto de vida de las personas involucradas y sus familias.
Durante su exposición, el defensor del Pueblo señaló que esta realidad ha convertido, en muchos casos, la investigación penal en una condena anticipada. Explicó que numerosas personas son sometidas a procesos por inconsistencias contables, falta de bancarización o dificultades para acreditar el origen de sus ingresos, especialmente comerciantes de mercados mayoristas, pequeños empresarios y personas que adquieren bienes mediante financiamiento, como vehículos destinados al transporte o a la actividad minera.
El informe advierte además que medidas cautelares como el congelamiento de cuentas bancarias y otras restricciones patrimoniales pueden ocasionar severos perjuicios económicos incluso antes de que exista una acusación formal. En ese contexto, precisa que, si bien los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tienen carácter vinculante, en la práctica suelen dar lugar a decisiones que restringen el acceso a los recursos económicos de los investigados.
Asimismo, el estudio revela que, de acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 54 de las 142 personas privadas de libertad por casos vinculados al lavado de activos permanecen bajo prisión preventiva. También identifica que el 23,24 % de las personas investigadas desarrolla actividades comerciales, principalmente en el sector informal, donde la ausencia de registros contables y mecanismos de bancarización dificulta acreditar el origen lícito de sus recursos.
Otro de los hallazgos del informe es la débil articulación entre las entidades encargadas de combatir este delito. En efecto, seis de cada diez carpetas fiscales por lavado de activos no figuran en los registros de la Policía Nacional del Perú, situación que evidencia deficiencias en el intercambio de información y la coordinación institucional. A ello se suma que la Policía Nacional registró 2643 investigaciones por este delito entre 2019 y 2025, distribuidas entre distintas unidades especializadas.
La presentación del informe contó con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas; el procurador general del Estado, César Enrique Aguilar Surichaqui; representantes del sistema de justicia, autoridades, especialistas y académicos.
Finalmente, el Informe Defensorial N.° 286 formula recomendaciones dirigidas al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Congreso de la República, a la Policía Nacional del Perú y a las demás entidades competentes para fortalecer la coordinación interinstitucional, optimizar la investigación del delito de lavado de activos y garantizar que su persecución se realice con estricto respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la promoción de un sistema de justicia eficiente que permita combatir el crimen organizado con firmeza, pero siempre dentro del marco del Estado constitucional de derecho y el respeto irrestricto de las garantías de todas las personas.
