Defensoría del Pueblo condena intento de feminicidio de la ciudadana Doris Padilla Papa en la comunidad nativa de San Lorenzo en Iquitos y exige celeridad en las investigaciones

- La institución supervisa la atención médica de la víctima en el Hospital Regional de Loreto y demanda la activación de todos los protocolos del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM).
- Se invoca al Ministerio Público a solicitar la prisión preventiva del agresor y al Estado a fortalecer la articulación mediante la Estrategia 360.
La Defensoría del Pueblo expresa su más enérgico rechazo y condena frente al repudiable intento de feminicidio perpetrado en agravio de la ciudadana Doris Padilla Papa, quien habría sufrido graves quemaduras por parte de su pareja, en un hecho ocurrido en la comunidad nativa de San Lorenzo, región Loreto. Ante la extrema gravedad de estos hechos, nuestra institución ha desplegado acciones inmediatas, en estricto cumplimiento de su mandato constitucional, para garantizar que las entidades competentes actúen con la debida diligencia, celeridad y el enfoque de género que un caso de esta magnitud exige.
Tras tomar conocimiento del condenable suceso, comisionados de la Oficina Defensorial de Loreto se constituyeron en el Hospital Regional de Loreto, donde la víctima fue ingresada y actualmente recibe atención médica especializada. De acuerdo con la información brindada por los representantes del centro de salud, la agraviada presenta quemaduras de segundo grado que afectan entre el 20 % y 30 % de su cuerpo, con un grave daño en la zona del rostro. Su condición es muy delicada, debido a la extensión y ubicación de las lesiones, así como porla inhalación de gases y humo que habría comprometido sus vías respiratorias. Durante la supervisión se instó a las autoridades del establecimiento a garantizar una atención integral, oportuna y de calidad, a fin de contribuir a su pronta estabilización y recuperación, reiterando nuestra disposición para cualquier coordinación necesaria en caso de requerir su traslado para una atención especializada.
Adicionalmente se realizaron acciones de supervisión en el Centro Emergencia Mujer y Familia de Loreto (CEM) donde los comisionados se reunieron con sus representantes para conocer las medidas adoptadas en favor de la víctima. En ese marco, el equipo multidisciplinario de dicha institución viene brindando a la víctima asistencia legal con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos y el acceso a los servicios de atención correspondientes.
Asimismo, a través de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, la institución advierte que este caso no puede ser tratado como un hecho aislado. La violencia feminicida evidencia fallas estructurales y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección estatal. Por ello, y en el marco de la aplicación de la Estrategia 360 —modelo de supervisión defensorial diseñado para realizar un seguimiento riguroso e integral al cumplimiento de las medidas de protección y la ruta de atención a las víctimas—, hemos requerido a las autoridades competentes en Iquitos la activación inmediata de todos sus protocolos legales y de asistencia social.
Realizamos un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público para exigir una investigación exhaustiva, célere y libre de estereotipos de género. Resulta fundamental que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar recabe los elementos de convicción necesarios y solicite, a la brevedad posible, la medida de prisión preventiva contra el presunto agresor. El sistema de justicia tiene la obligación reforzada de enviar un mensaje claro de cero impunidad frente a la violencia de género; omisiones o demoras en las primeras diligencias no pueden favorecer la evasión de la justicia.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando un seguimiento exhaustivo a las acciones que adopten las autoridades en la región Loreto. No cesaremos en nuestra labor de vigilancia hasta que se alcance justicia y reparación integral. Finalmente, recordamos a la ciudadanía que cualquier vulneración de derechos o irregularidad en la recepción de denuncias puede ser reportada a través de nuestra línea de atención gratuita 0800-15-170 o en nuestras oficinas a nivel nacional.
