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Defensoría del Pueblo supervisa atención de adolescente con discapacidad víctima de violencia sexual y exige actuación diligente de las autoridades en Loreto

4:34 pm 14/08/2026

La Defensoría del Pueblo en Loreto se constituyó inmediatamente en la Comisaría PNP 9 de Octubre del distrito de Belen, luego de tomar conocimiento, a través de representantes de la Asociación Iquitos Unidos en Señas (AIUS), de un presunto caso de violencia sexual contra una adolescente de 16 años de edad, con discapacidad auditiva, quien, además, se encuentra en estado de gestación como consecuencia de la violación sexual producida, presuntamente, por un adulto de 50 años.

Ante esta situación, el personal de la Oficina Defensorial de Loreto acompañó a la adolescente y a su entorno familiar para facilitar la interposición de la denuncia ante la Policía Nacional del Perú y verificar que se activen, con carácter urgente, las diligencias correspondientes para su atención oportuna, especializada e integral.

Asimismo, se tomó conocimiento de que la adolescente viene siendo atendida en la Unidad Médico Legal, mientras que el Centro Emergencia Mujer (CEM) ya se ha apersonado y tomado conocimiento del caso para brindar la atención y asistencia que corresponda.

La Oficina Defensorial de Loreto recomendó a la Policía Nacional del Perú actuar con celeridad y debida diligencia, garantizando una atención especializada y oportuna, con especial énfasis en los casos que involucran a niños y adolescentes, teniendo como principio rector el interés superior del niño y adolescente.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de continuar con el seguimiento del caso y realizar el acompañamiento correspondiente a la víctima, a fin de contribuir a que las instituciones competentes adopten las medidas de protección y realicen las diligencias necesarias, evitando cualquier forma de revictimización y garantizando el acceso efectivo a la justicia y a los servicios de atención.

La protección de niños y adolescentes frente a toda forma de violencia constituye una responsabilidad que debe ser asumida con máxima celeridad, diligencia y articulación por parte de todas las instituciones del Estado.