Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a los avances en la inmunización contra el sarampión y la tos ferina en territorios con alta presencia de pueblos indígenas

La Defensoría del Pueblo convocó a una reunión de trabajo con representantes de las Direcciones de Inmunizaciones y de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Salud (Minsa) que tuvo como propósito conocer los avances en la implementación del esquema nacional de vacunación y, en particular, las medidas adoptadas para garantizar la inmunización contra el sarampión y la tos ferina en territorios con alta presencia de pueblos indígenas u originarios.
Durante la reunión, el Minsa informó sobre las acciones que viene desarrollando para ampliar la cobertura de vacunación y garantizar el acceso de la población a los servicios de inmunización. Al respecto, se identificaron diversas dificultades que afectan la atención de los pueblos indígenas, entre ellas las barreras presupuestales, geográficas, culturales y lingüísticas, situación que puede limitar el cumplimiento de las metas de vacunación programadas en determinadas regiones.
Asimismo, se informó que los servicios de inmunización se brindan tanto en los establecimientos de salud como mediante intervenciones extramurales, con especial atención a los contextos en los que se han registrado brotes de sarampión y tos ferina. Entre las medidas implementadas se encuentran las intervenciones de bloqueo y los barridos de vacunación. En este contexto, cabe recordar que, mediante Decreto Supremo N.° 008-2026-SA, se declaró la emergencia sanitaria por 90 días calendario en diversos departamentos del país, debido al brote de sarampión registrado inicialmente en Puno y su posterior extensión a otras regiones.
El sector salud también informó sobre la implementación de brigadas de atención integral para acercar los servicios a las comunidades. Estas intervenciones deben considerar a los distintos grupos que requieren protección mediante la vacunación, entre ellos niñas, niños, personas adultas mayores, gestantes y personas con comorbilidades. En ese sentido, resulta fundamental asegurar de manera oportuna y sostenida los recursos presupuestales, logísticos y humanos necesarios para garantizar la continuidad de las intervenciones, especialmente en aquellos casos en los que el esquema de vacunación requiere la aplicación de dosis adicionales o refuerzos.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de información y comunicación dirigidas a las familias y comunidades, a fin de promover el acceso oportuno a los servicios de vacunación. Estas acciones deben incorporar un enfoque intercultural y de ciclo de vida, que permita atender las particularidades de los pueblos indígenas u originarios y reducir las barreras que puedan limitar el ejercicio efectivo del derecho a la salud.
Asimismo, la institución consideró necesario fortalecer la articulación entre el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, particularmente para asegurar la disponibilidad de recursos y la logística requerida para el desplazamiento de las brigadas hacia las comunidades. Del mismo modo, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con los agentes comunitarios, debido al rol que cumplen como actores clave para facilitar el acceso de los servicios de salud y fortalecer el vínculo con las comunidades indígenas.
La Defensoría del Pueblo recordó que, en el marco de sus competencias constitucionales, continuará supervisando las acciones que desarrolla el sector salud para garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios, tanto andinos como amazónicos, con especial atención a las poblaciones que enfrentan mayores barreras para acceder a los servicios públicos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud reafirmaron su disposición a mantener espacios de coordinación e intercambio de información que permitan realizar un seguimiento permanente de las acciones de inmunización. Estos espacios contribuirán a identificar oportunamente las brechas existentes y promover medidas orientadas a fortalecer las estrategias de prevención y atención en salud, en especial aquellas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios.
