Defensoría del Pueblo interviene para acceso a la justicia y asistencia legal a adolescente víctima de agresión en Huacho

- Se solicitó a la Defensa Pública de Víctimas del Ministerio de Justicia de Huaura para que la adolescente cuente con asistencia legal especializada durante las actuaciones correspondientes.
La Defensoría del Pueblo en Lima Provincias intervino luego de tomar conocimiento, mediante información difundida en medios de comunicación locales, de la agresión física sufrida por una adolescente, ocurrida el 11 de setiembre de 2026, en inmediaciones del boulevard La Merced, en el distrito de Huacho.
De acuerdo con la información difundida, la adolescente habría sido agredida físicamente por un joven de 18 años, quien posteriormente fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo desplegó acciones ante la Defensa Pública, a fin de que la adolescente agraviada cuente con asistencia legal especializada en su condición de víctima, y, de ese modo, se garantice su derecho de acceso a la justicia y a recibir orientación y patrocinio legal durante las actuaciones correspondientes.
Como resultado de la labor realizada por la Oficina Defensorial de Lima Provincias, la adolescente tuvo el acompañamiento de la Defensa Pública de Víctimas del Ministerio de Justicia desde la interposición formal de la denuncia en la Comisaría PNP Salaverry, así como durante las diligencias inmediatas dispuestas por la Fiscalía de turno.
Asimismo, la Defensa Pública brindó asistencia legal durante la audiencia de prisión preventiva realizada el 16 de setiembre de 2026. En dicha audiencia, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso nueve meses de prisión preventiva para el investigado de 18 años, en el marco de las investigaciones correspondientes.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando, interviniendo ante las entidades competentes, a fin de contribuir a la adecuada atención de situaciones que puedan afectar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia de las personas menores de edad.
