Defensoría del Pueblo advierte que la brecha salarial persiste en el Perú pese al marco normativo vigente

- Instamos al Estado a continuar reforzando los mecanismos para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
En el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, la Defensoría del Pueblo reitera que, pese a los avances normativos impulsados por el Estado peruano para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, subsiste una de las manifestaciones más persistentes de discriminación estructural: la desigualdad en los ingresos que perciben las mujeres respecto de los varones por la realización de un mismo trabajo. Ello constituye un desafío institucional pendiente para la garantía plena del derecho fundamental a la igualdad, particularmente en su dimensión económica.
En el año 2017 se promulgó la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, cuyo Reglamento —aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2018-TR— define la discriminación remunerativa como la situación en la que se establecen diferencias salariales sustentadas en el sexo de la persona, sin que medien criterios objetivos que las justifiquen. Dicha discriminación puede manifestarse de forma directa o indirecta.
No obstante el marco normativo vigente, las cifras oficiales evidencian que la brecha persiste. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2026), durante el periodo abril 2025-marzo 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de las mujeres se ubicó en S/ 1628,1, mientras que el de los hombres alcanzó los S/ 2144,6. Ello evidencia una brecha de salarial de S/ 516,5 mensuales. Esta disparidad se mantiene de manera transversal en todos los grupos de edad, donde el ingreso promedio de los hombres fue sistemáticamente mayor al de las mujeres.
En el ámbito del Estado, el informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), La Mujer en el Servicio Civil Peruano 2026, sobre la brecha de ingresos por nivel de gobierno, correspondiente al periodo 2023-2025, se observa un comportamiento heterogéneo según el nivel de gobierno. A nivel de Gobierno Nacional, la brecha salarial ha favorecido a las servidoras públicas, no obstante, en el Gobierno Local la tendencia se invierte: los servidores hombres percibieron ingresos superiores a los de las servidoras en los tres años analizados, con una brecha en su contra de -10,5% en 2023, -10,2% en 2024 y -9,0% en 2025.
En esa misma línea, el informe del INEI Perú: Brechas de Género, 2025. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres señala que uno de los factores determinantes de esta brecha remunerativa es la menor cantidad de horas dedicadas al trabajo remunerado por parte de las mujeres, como consecuencia de su mayor carga en las labores de cuidado del hogar y la familia. A ello se suma que una proporción importante de las trabajadoras genera su propio empleo (40,4%) o labora como trabajadora familiar no remunerada (13,1%), condiciones que derivan en bajos ingresos o en la ausencia de remuneración propia.
Esta desigualdad económica está estrechamente ligada a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que asumen las mujeres. Tal como lo evidencian las mediciones oficiales sobre uso del tiempo, las mujeres asumen una «doble jornada» que limita su disponibilidad horaria e impide su consolidación en el empleo formal de mayor productividad.
A nivel internacional, el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (C100) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —uno de los convenios fundamentales de dicha organización— consagra el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Las normas internacionales del trabajo destacan, asimismo, el papel crucial de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en la consecución de este objetivo a través del diálogo social, siendo la libertad de asociación y la negociación colectiva elementos fundamentales para dicho propósito.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones de las entidades competentes en materia de igualdad remunerativa, y exhorta a los empleadores públicos y privados a adoptar medidas concretas para cerrar la brecha salarial, garantizando así el derecho de las mujeres a percibir una remuneración justa y equitativa por un trabajo de igual valor.
