Defensoría del Pueblo y Ministerio Público una vez más suman esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales de las personas antes, durante y después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

- Convenio de cooperación permitirá fortalecer la coordinación institucional para prevenir, identificar y combatir delitos electorales, supervisar el desarrollo de la jornada y proteger los derechos de participación política de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público suscribieron un convenio de cooperación con miras a fortalecer el trabajo articulado durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, tal como lo realizamos en las elecciones generales 2026 (primera y segunda elección). El acuerdo busca contribuir al desarrollo de un proceso electoral seguro, transparente e inclusivo, mediante la coordinación de acciones de prevención de delitos electorales y protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo ha identificado los distritos electorales de alta conflictividad social en las cuales existen antecedentes de nulidad de procesos electorales por la manipulación de las ánforas, locales de votación y otras tipologías que alteran el sufragio. Ante tal circunstancia, presentamos de manera preventiva y planificada, un plan que evite que dichas circunstancias se repitan.
Por tanto, la suscripción del convenio entre los titulares de ambas entidades, a cargo del defensor del pueblo, Dr. Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, y del titular del Ministerio Público, Dr. Tomas Aladino Gálvez Villegas, fortalece su nivel operativo a través de sus funcionarios y servidores públicos, con las facultades y prerrogativas que la Constitución y Ley señalan. Asimismo, ambas autoridades destacaron la importancia de la cooperación entre dichas instituciones, que hoy ya no es un sueño, sino una meta alcanzada, tal como lo demostramos en las elecciones pasadas.
Finalmente, la colaboración interinstitucional permitirá promover mecanismos de comunicación, respuesta rápida y oportuna frente a eventuales incidencias que puedan configurar delitos, respetando la autonomía de ambas instituciones y contribuyendo a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al sufragio en condiciones de igualdad, libertad y seguridad.
