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Defensoría del Pueblo lamenta muerte de tres personas en incendios en Cusco y despliega acciones para exigir a gobiernos locales cumplir con la gestión del riesgo de desastres

6:53 am 09/10/2026

● Oficina Defensorial de Cusco coordinó atención de víctimas, solicitó acciones fiscales preventivas y requirió información a alcaldes sobre prevención y reducción de riesgos.

La Oficina Defensorial del Cusco, de la Defensoría del Pueblo, lamentó el fallecimiento de cinco personas a causa de incendios ocurridos en las provincias de Acomayo, Urubamba, Calca y Paucartambo. Ante estos hechos, la institución desplegó una serie de acciones de seguimiento, coordinación y exigencia a las autoridades locales para que cumplan sus obligaciones en materia de gestión del riesgo de desastres.

El primer siniestro ocurrió en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, donde dos hermanos, una niña de 12 años y un joven de 18, sufrieron quemaduras en aproximadamente el 80 % de sus cuerpos. Ambos fueron evacuados al Hospital Regional del Cusco, donde la Defensoría del Pueblo hizo seguimiento a su atención y coordinó la reposición de las unidades de sangre que el Banco de Sangre del nosocomio utilizó en su tratamiento. Lamentablemente, ambos fallecieron.

En el centro poblado de Yanahuara, distrito y provincia de Urubamba, otro incendio de gran magnitud cobró la vida de Víctor Huamán Aguilar, de 58 años. Asimismo, se reportaron dos víctimas mortales más en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, y en el distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo. Información que se encuentra en desarrollo.

La institución recordó que, el 29 de setiembre, mediante el Oficio N° 1411-2026-DP/OD-CUSCO, la Oficina Defensorial del Cusco recomendó al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco disponer acciones fiscales preventivas. El objetivo es verificar que los gobiernos locales cumplan sus obligaciones en gestión del riesgo de desastres, entre ellas: el funcionamiento de sus grupos de trabajo y plataformas de defensa civil; la vigencia de sus planes de prevención y de gestión reactiva; la identificación de puntos críticos y población vulnerable; y la ejecución del presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias.

Además, el 7 de octubre, la Defensoría del Pueblo cursó oficios a los alcaldes de los gobiernos locales solicitando información respecto a la implementación de las medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres. Estas acciones debieron ser ejecutadas por las gerencias integrantes del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, instrumento articulado a su plan de desarrollo local y a la programación multianual de inversiones.

La Defensoría del Pueblo reiteró que los gobiernos locales tienen el deber impostergable de prevenir riesgos y proteger la vida de la población. Asimismo, continuará supervisando el cumplimiento de estas obligaciones y brindando el acompañamiento necesario a las víctimas y sus familias.