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Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a garantizar derechos fundamentales y accesibilidad para más de un millón de personas con discapacidad en el Perú

8:38 am 16/10/2026

Al conmemorarse hoy el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias constitucionales reitera su firme compromiso con la protección de derechos y un trabajo constante para garantizar el acceso a servicios en igualdad de condiciones de este grupo poblacional, que agrupa a más del 5 % de las personas en el país.

De acuerdo al Observatorio Nacional de la Discapacidad, más de 1 millón 637 mil personas en el país tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.33 % de la población; cabe precisar que, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de personas con discapacidad, con más de 430 mil ciudadanos, le siguen Piura, con más de 10 mil ciudadanos con algún tipo de discapacidad; Puno, con más de 92 mil personas; y las regiones de Cusco, La Libertad y Arequipa, cada una con más de 80 mil personas con discapacidad.

Frente a esta realidad, la labor de la Defensoría del Pueblo resulta fundamental en la supervisión constante para verificar que las instituciones del Estado y entidades encargadas de brindar algún tipo de servicio público cumplan las disposiciones en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Así quedó demostrado en los tres procesos electorales desarrollados este año, en los que se supervisó aspectos como la implementación de rampas, la distribución de material electoral adecuado a cada discapacidad y el acondicionamiento de mesas especiales en cada local de votación.

Sin embargo, la labor de la Defensoría del Pueblo va más allá y abarca el trabajo constante para garantizar una educación inclusiva, participación política e identidad, trabajo y empleo, accesibilidad, salud mental y el cumplimiento de la normativa que obliga a los gobiernos regionales y locales a asignar el 1 % de sus presupuestos para la atención de las personas con discapacidad.

En ese sentido, a pesar de los avances normativos registrados en los últimos años, la institución advierte que persistentes brechas estructurales y de accesibilidad continúan vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el Perú, limitando severamente su autonomía e inclusión social. En sectores como las comunidades indígenas o poblaciones con altos niveles de pobreza, el grado de vulnerabilidad se acentúa aún más.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo enfatiza la urgente necesidad de articular acciones entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales para asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973). En ese contexto, la institución expresa su preocupación por la persistencia de barreras en el sistema educativo y el acceso oportuno a servicios de salud pública y de administración de justicia.

La erradicación de todo tipo de violencia y de estigmatización que afecte a las personas con discapacidad es una tarea que debe ser emprendida por todos los estamentos del Estado y por ello, la Defensoría del Pueblo se mantendrá firme en su rol de garantizar que ninguna persona quede al margen del desarrollo y del ejercicio pleno de sus derechos.