Defensoría del Pueblo logra importantes acuerdos en última reunión de Red Binacional Perú – Bolivia desarrollada en Desaguadero

- Representantes de ambos países se reunieron para abordar problemática de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Desaguadero, al sureste de la ciudad de Puno, lideró la última sesión de la Red Binacional de Actores Humanitarios Perú – Bolivia, que se llevó a cabo este jueves en el lado peruano de la frontera, como parte de los esfuerzos que vienen desplegando ambos países en la lucha en común contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Dicho grupo de trabajo se encuentra conformado por instituciones que tienen sede en la zona de frontera. Del lado peruano lo integran entidades como la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Superintendencia Nacional de Migraciones, centro emergencia mujer y familia (CEM), entre otras, así como organismos vinculados a las labores de carácter humanitario. Su liderazgo recae en las sedes de las defensorías del pueblo de Perú y Bolivia ubicadas en ambos lados de la zona de frontera, que convocan cada mes a los integrantes para analizar el trabajo desarrollado y proponer medidas en común.
Según explicó Henry Gómez, coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Desaguadero, la reunión del jueves fue convocada para abordar la reciente expulsión de un número importante de migrantes que se encontraban en situación irregular en el territorio peruano. No obstante, se habría detectado algunos casos de madres con sus hijos en brazos, lo que motivó la intervención de la institución para garantizar la protección de sus derechos durante el tránsito hacia sus países de origen.
Ante ello, tras analizar el contexto migratorio, el libre tránsito y las normativas de la franja fronteriza, se logró alcanzar importantes acuerdos, entre ellos la necesidad de aprobar formalmente el protocolo y la matriz de atención para los integrantes de la red binacional, así como establecer mecanismos directos para abordar de forma conjunta la problemática del tránsito de migrantes en situación de irregularidad.
Tras la aprobación de los acuerdos, el representante de la Defensoría del Pueblo destacó que este espacio permite reforzar la articulación de ambos países para optimizar la intervención institucional y garantizar los derechos de las personas que transitan diariamente en la zona de frontera. En ese sentido, precisó que la institución se mantendrá vigilante a fin de garantizar el cumplimiento de los mismos y lograr mayores avances en la próxima sesión.
