Defensoría del Pueblo advierte riesgos en la conservación de 31 ambulancias y urge garantizar su puesta en funcionamiento en Amazonas

- Durante una supervisión en Chachapoyas, se constató que las unidades permanecían a la intemperie, en un terreno sin pavimentar y con acumulación de agua.
La Defensoría del Pueblo exhortó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas a adoptar medidas inmediatas para proteger 31 ambulancias que permanecen estacionadas a la intemperie en la ciudad de Chachapoyas, debido al riesgo de deterioro de los vehículos y de su equipamiento sanitario antes de su puesta en funcionamiento.
Durante una supervisión realizada el 20 de octubre, los representantes de la Oficina Defensorial de Amazonas constató que las unidades se encontraban en un terreno sin pavimentar, con acumulación visible de agua y sin condiciones suficientes de cobertura y resguardo frente a las lluvias. Tampoco se identificó personal de vigilancia en el lugar, ubicado en la intersección del jirón Sosiego, cuadra 7, con la calle Olan, junto a la losa deportiva El Prado.
Ante esta situación, la institución recomendó implementar medidas de custodia y conservación, habilitar un espacio seguro para los vehículos y verificar individualmente su estado técnico y el de los equipos médicos. Asimismo, solicitó establecer un cronograma verificable para su entrega y puesta en operación en los establecimientos de salud beneficiarios.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la exposición prolongada a estas condiciones podría ocasionar daños prematuros, comprometer las garantías y retrasar la disponibilidad de las unidades. Esta situación resulta especialmente preocupante en una región donde las distancias y las barreras geográficas dificultan el traslado oportuno de pacientes.
Mediante el Oficio n.° 449-2026-DP/OD-AMAZ, la Oficina Defensorial también requirió a la Diresa información documentada sobre la adquisición y recepción de las ambulancias, su estado administrativo, las garantías vigentes, los establecimientos a los que están destinadas y las razones que pudieran estar retrasando su distribución.
Finalmente, solicitó que se informe sobre las medidas de protección iniciales dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del oficio y que se remita un informe integral, con los documentos de sustento, en un plazo de diez días hábiles.
La Defensoría del Pueblo continuará supervisando el cumplimiento de los deberes de la administración pública para contribuir a que los recursos destinados a los servicios de salud se conserven adecuadamente y estén disponibles para atender las necesidades de la población.
