Defensoría del Pueblo exige atención inmediata para niña víctima de presunta violencia sexual en Condorcanqui

- Institución defensorial advierte graves deficiencias en la atención: falta de personal médico legista y recursos para garantizar la protección y asistencia de la niña y su madre.
La Defensoría del Pueblo, a través del Módulo Defensorial de Condorcanqui, exige una respuesta inmediata de las autoridades ante las graves deficiencias advertidas en la atención de una niña que habría sido víctima de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La falta de disponibilidad de personal médico legista y de recursos para cubrir necesidades básicas de la niña y su madre evidencia serias dificultades en la respuesta de las instituciones responsables de garantizar su protección y acceso a la justicia.
Tras recibir una comunicación del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Nieva, el Módulo Defensorial de Condorcanqui participó en una intervención interinstitucional que permitió llegar hasta el centro poblado de Urakusa, distrito de Nieva, donde se encontraba la niña junto a su madre. Durante las diligencias, con el apoyo de un intérprete de lengua awajún, se explicó a la progenitora la finalidad de la intervención y la importancia de adoptar medidas para proteger los derechos de su hija. La madre expresó su disposición a colaborar con las actuaciones correspondientes.
Sin embargo, al retornar a Nieva, se evidenciaron serias dificultades para continuar con la atención. Se constató la falta de disponibilidad inmediata de personal médico legista para realizar las evaluaciones correspondientes. Según lo informado por la fiscal a cargo del caso, dicho personal estaría disponible recién a partir de las 9:00 p. m., situación que generaba una demora en diligencias que requieren especial celeridad, considerando la edad de la víctima y la naturaleza de los hechos denunciados.
A esta situación se sumó la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de la niña y su madre. La Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) de Condorcanqui informó que no disponía de presupuesto para asumir los gastos de alimentación, alojamiento y otros requerimientos indispensables durante las diligencias. Por su parte, el CEM de Nieva también comunicó limitaciones económicas para brindar dicho apoyo.
Para la Defensoría del Pueblo, resulta inaceptable que una niña que habría sufrido violencia sexual enfrente nuevas barreras para acceder a la protección del Estado. La falta de personal, presupuesto o coordinación entre instituciones no puede convertirse en una justificación para retrasar su atención ni trasladar a su familia la responsabilidad de afrontar estas carencias.
Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo exige a las instituciones competentes adoptar medidas urgentes:
- Al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: garantizar la disponibilidad oportuna de personal especializado para las evaluaciones médico-legales que correspondan, evitando demoras injustificadas, diligencias innecesarias y cualquier forma de revictimización.
- Al Ministerio Público, a través de la UDAVIT: adoptar las medidas necesarias para asegurar el acompañamiento y la asistencia a la niña y su madre, incluyendo la gestión de los recursos logísticos y económicos que correspondan para cubrir sus necesidades durante las diligencias.
- Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CEM de Nieva: garantizar la atención psicológica, social y legal especializada, así como gestionar, en coordinación con las entidades competentes, las condiciones necesarias para la protección y asistencia de ambas.
- A las autoridades de salud: asegurar la evaluación y atención médica inmediata de la niña, así como el acceso a los servicios especializados que requiera, sin supeditar la atención sanitaria a la realización de diligencias médico-legales.
- A todas las instituciones involucradas: garantizar una intervención articulada, con enfoque intercultural y pertinencia lingüística, asegurando la participación de intérpretes de lengua awajún cuando sea necesario y respetando en todo momento el interés superior de la niña, su dignidad y su derecho a ser escuchada.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo recuerda que los presuntos hechos de violencia sexual contra niños y adolescentes deben ser investigados por las autoridades competentes, sin que acuerdos o mecanismos de resolución comunal puedan sustituir la intervención de la justicia ni limitar la protección de sus derechos. El respeto a la diversidad cultural debe ser compatible con la garantía plena de los derechos fundamentales de la niñez.
La Defensoría del Pueblo continuará supervisando la actuación de las instituciones responsables y realizando el seguimiento del caso para exigir que se garantice la protección integral de la niña, su recuperación y el acceso efectivo a la justicia.
Ninguna niña debe quedar desprotegida porque el Estado no cuenta con personal disponible o recursos suficientes. La atención oportuna frente a la violencia sexual no es una opción administrativa: es una obligación que las autoridades deben cumplir sin demora.
