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Defensoría del Pueblo supervisa la efectividad de la fiscalización en la comercialización de plaguicidas para uso agrícola

11:10 pm 10/11/2026

  • Se identificaron plaguicidas prohibidos por SENASA, suspendidos por el Tribunal Constitucional y vencidos. Así como plaguicidas de origen extranjero y sin registro.
  • La intervención contó con la participación de oficinas y módulos defensoriales a nivel nacional, acompañados de funcionarios de municipalidades, Senasa y direcciones o gerencias regionales de agricultura.

Con el liderazgo del Defensor del Pueblo, doctor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, la Adjuntía de Medio Ambiente y Cambio Climático condujo la supervisión nacional a centros de expendio de plaguicidas de uso agrícola, para evaluar la efectividad de la fiscalización e identificar posibles riesgos para la salud de las personas, la inocuidad alimentaria y el ambiente.

El despliegue de la supervisión estuvo a cargo de las oficinas y módulos defensoriales a nivel nacional,  que contó con la presencia de representantes de las municipalidades, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, de las direcciones o gerencias regionales de agricultura y en algunos casos del Ministerio Público.

Durante las intervenciones realizadas, se identificaron diversas irregularidades relacionadas con la comercialización y tenencia de productos plaguicidas. En el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, se detectaron plaguicidas prohibidos por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y comprendidos en la suspensión dispuesta por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 1111/2026. En la provincia de Putumayo, departamento de Loreto, se identificaron plaguicidas vencidos. En el departamento de Ayacucho, se detectaron productos de presunto origen ilegal, que habrían ingresado al país sin registro sanitario. De otro lado, en la Provincia de Virú del departamento de la Libertad se identificaron productos vencidos y prohibidos, por lo que SENASA en Virú conforme a sus competencias dispuso la inmovilización preventiva de 40 cajas de productos suspendidos y el comiso de 2 cajas de productos prohibidos, entre ellos plaguicidas que contienen clorpirifós e imidacloprid.

Ante los hallazgos, la Defensoría del Pueblo exhorta al SENASA y a las demás autoridades competentes a adoptar, de acuerdo con sus atribuciones, las medidas necesarias para impedir la venta de los productos identificados, investigar su procedencia y determinar las responsabilidades correspondientes. También insta a reforzar las inspecciones, fiscalizaciones y el seguimiento de las medidas correctivas, incluida la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

La institución dará seguimiento a las actuaciones de las entidades responsables y, con base en los resultados de la supervisión nacional, formulará recomendaciones para fortalecer el control de la comercialización de plaguicidas y proteger la salud de los agricultores y consumidores, la inocuidad de los alimentos y el ambiente.