Defensoría del Pueblo exige medidas urgentes ante graves deficiencias sanitarias y equipos inoperativos en centro de salud intercultural de San Francisco

• Establecimiento que atiende a más de 6000 habitantes presenta deficiencias en el abastecimiento de agua, saneamiento, equipamiento médico y condiciones para la atención de emergencias.
• La institución demanda a las autoridades sanitarias garantizar condiciones seguras de atención y adoptar medidas inmediatas para proteger la salud de la población.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Defensorial de Ucayali, advirtió graves deficiencias sanitarias, de infraestructura y equipamiento médico en el Centro de Salud Intercultural I-2 de la comunidad nativa San Francisco, ubicado en el distrito de Yarinacocha, situación que pone en riesgo la atención oportuna y segura de una población de más de 6000 habitantes, particularmente de quienes requieren atención de urgencia, gestantes, niñas, niños y personas vulnerables.
Durante la supervisión defensorial se identificaron condiciones preocupantes en el abastecimiento de agua y saneamiento del establecimiento. Se observaron caños con acumulación de sarro y presencia de restos de insectos, así como olores desagradables en los puntos de abastecimiento. Asimismo, se informó que el tanque de almacenamiento de agua no recibe mantenimiento desde hace más de un año. A ello se suma el colapso del sistema de desagüe, la presencia de excrementos de murciélagos en diversos ambientes y las deficientes condiciones del único servicio higiénico destinado a los pacientes.
Estas situaciones representan riesgos sanitarios que requieren intervención inmediata, debido a la posibilidad de contaminación del agua, exposición a agentes infecciosos y afectación de las condiciones de higiene y bioseguridad indispensables para la atención de salud.
Otro hallazgo de especial gravedad corresponde a la falta de disponibilidad de oxígeno medicinal, cuyos balones, según la información recabada, permanecen vacíos desde hace más de un año. Esta situación limita la capacidad del establecimiento para responder a emergencias respiratorias y otras condiciones clínicas que requieren oxigenoterapia, pudiendo comprometer la estabilización inicial de pacientes antes de su referencia a establecimientos de mayor capacidad resolutiva.
Asimismo, se verificó la inoperatividad de los dos glucómetros y del único tensiómetro disponibles, además de fallas en el hemoglobinómetro y el microscopio de laboratorio; también se identificó que los tres soportes para soluciones intravenosas muestran signos de oxidación. Estas deficiencias restringen la capacidad del personal de salud para realizar evaluaciones clínicas básicas, detectar oportunamente complicaciones y brindar una atención segura.
En relación con la atención materna, la Defensoría del Pueblo constató que el ambiente destinado a partos de emergencia permanece inhabilitado debido al deterioro de su infraestructura y a las filtraciones de agua durante las lluvias. Según lo informado, estas atenciones se vienen realizando provisionalmente en el tópico, situación que hace necesario verificar las condiciones de seguridad, bioseguridad y capacidad de respuesta frente a emergencias obstétricas. A ello se suma la inoperatividad del único vehículo de transporte del establecimiento, lo que dificulta el traslado oportuno de pacientes que requieren atención de mayor complejidad.
La supervisión también identificó limitaciones en el ambiente de enfermería, donde se encuentra el sistema de cadena de frío destinado a la conservación de vacunas. Se advirtió que el ambiente carece de aire acondicionado, pese a las solicitudes formuladas por la jefatura del establecimiento, por lo que resulta necesario verificar las condiciones de temperatura ambiental, el funcionamiento de los equipos de refrigeración y los registros de conservación de las vacunas, a fin de garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Asimismo, se informó que el establecimiento cuenta con una sola profesional de enfermería, situación que amerita evaluar la suficiencia de personal de acuerdo con la demanda de atención y los servicios que brinda.
Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dirección Regional de Salud de Ucayali y a las autoridades sanitarias competentes adoptar medidas inmediatas para:
1. Garantizar el abastecimiento de agua segura y condiciones adecuadas de saneamiento, mediante la limpieza y desinfección de los sistemas de almacenamiento, la evaluación de la calidad del agua, la reparación del sistema de desagüe y la eliminación de los focos de contaminación identificados.
2. Restablecer la disponibilidad de oxígeno medicinal y de equipos biomédicos esenciales, priorizando aquellos necesarios para la evaluación clínica, la estabilización de pacientes y la atención de emergencias.
3. Garantizar condiciones seguras para la atención de emergencias obstétricas, así como mecanismos efectivos de referencia y transporte sanitario que permitan el traslado oportuno de gestantes y otros pacientes que requieran atención especializada.
4. Verificar el adecuado funcionamiento de la cadena de frío de vacunas, incluyendo el monitoreo y registro de temperaturas, el mantenimiento de los equipos y la implementación de medidas de contingencia que aseguren la conservación de los productos inmunobiológicos.
5. Evaluar y fortalecer la dotación de recursos humanos, de acuerdo con la población atendida, la cartera de servicios y las necesidades sanitarias de la comunidad, garantizando una atención continua, oportuna y culturalmente pertinente.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo enfatizó que las autoridades sanitarias deben adoptar medidas sostenibles para fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos del primer nivel de atención, especialmente aquellos ubicados en comunidades indígenas, donde las barreras geográficas, las dificultades de transporte y las limitaciones de acceso a establecimientos de mayor complejidad incrementan los riesgos para la salud de la población.
Al respecto, la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, señaló que la atención de salud en comunidades indígenas debe garantizarse en condiciones de igualdad, seguridad, calidad y pertinencia intercultural, por lo que resulta indispensable que las autoridades adopten acciones correctivas inmediatas y sostenibles frente a las deficiencias identificadas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró que el acceso al derecho fundamental a la salud no se garantiza únicamente con la existencia de establecimientos de salud, sino con servicios efectivamente operativos, dotados de personal, equipamiento, medicamentos e infraestructura adecuados para responder a las necesidades de la población.
La Oficina Defensorial de Ucayali continuará supervisando las acciones que adopten las autoridades competentes y realizando el seguimiento de las recomendaciones formuladas, en cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de la administración pública.
