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Defensoría del Pueblo exige fortalecer la protección de adolescentes indígenas de Condorcanqui y garantizar servicios educativos seguros y culturalmente pertinentes

10:52 am 11/11/2026

• Informe Defensorial N.° 287 evidencia graves deficiencias en instituciones educativas con residencia estudiantil y formula 17 recomendaciones a entidades del Estado.

• La institución reafirma su compromiso de supervisar la respuesta estatal frente a la violencia sexual y fortalecer su presencia territorial en las comunidades awajúny wampis.

La Defensoría del Pueblo, reafirmó la necesidad de adoptar medidas urgentes, integrales y sostenidas para garantizar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes indígenas de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, ante las graves deficiencias identificadas en la prestación de los servicios educativos y las situaciones de violencia sexual que afectan especialmente a esta población.

 En el marco de la presentación del Informe Defensorial N.° 287, denominado «El servicio educativo brindado a adolescentes indígenas en la provincia de Condorcanqui», elaborado por la Adjuntía para el Derecho a la Educación, recoge los resultados de la supervisión realizada a 18 instituciones educativas públicas que implementan el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil (MSE-SRE), en las cuales se identificaron deficiencias de infraestructura, limitaciones en el acceso a servicios básicos, ausencia de materiales educativos en lenguas originarias y debilidades en los mecanismos de prevención, atención y protección frente a situaciones de violencia.

 La supervisión evidenció que el 95 % de los estudiantes de las residencias estudiantiles pertenece a pueblos indígenas, principalmente awajún y wampis. Asimismo, se identificaron 60 adolescentes en situación de orfandad, de los cuales 38 no recibían la asistencia económica prevista en la Ley N.° 31405, situación que refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos estatales de protección social.

 Asimismo, uno de los aspectos más preocupantes del informe está relacionado con las situaciones de violencia sexual que afectan a estudiantes indígenas. La supervisión identificó ocho estudiantes víctimas de violencia sexual en cinco instituciones educativas, así como deficiencias en la adopción de medidas preventivas frente al personal denunciado. A ello se suma el registro de 536 casos de violencia sexual contra estudiantes atribuidos a personal docente en la jurisdicción de la UGEL Condorcanqui, entre 2010 y junio de 2024, de los cuales 198 prescribieron en la vía administrativa y 184 no fueron derivados oportunamente al Ministerio Público.

Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia, investigación y sanción, así como garantizar una atención integral a las víctimas, evitando su revictimización y asegurando que las instituciones educativas constituyan espacios seguros y libres de violencia.

Frente a esta situación, el Informe Defensorial N.° 287 formula 17 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Gobierno Regional de Amazonas y las autoridades educativas competentes, con la finalidad de mejorar las condiciones del servicio educativo y garantizar la protección integral de los estudiantes indígenas.

Como parte de su intervención frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo viene impulsando acciones de supervisión, seguimiento y articulación interinstitucional a través del Grupo de Trabajo para abordar de forma integral la problemática de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, cuya conformación responde a la necesidad de promover una actuación coordinada y sostenida frente a las deficiencias de la respuesta estatal.

 Para la Defensoría del Pueblo las barreras geográficas, lingüísticas y culturales que enfrentan las comunidades indígenas de Condorcanqui no pueden continuar limitando el acceso a servicios esenciales, por lo que la institución continuará ejerciendo su mandato constitucional para exigir que las obligaciones asumidas por cada entidad competente se traduzcan en resultados efectivos y que ninguna niña, niño o adolescente indígena quede desprotegido frente a la violencia.