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Defensoría del Pueblo exige medidas urgentes para garantizar cirugías y atención de emergencias en Hospital de Essalud Huaraz

7:39 pm 17/11/2026

  • Institución requirió información y acciones inmediatas a EsSalud, MINSA y autoridades sanitarias de Áncash, ante la suspensión de la autorización sanitaria del banco de sangre del Hospital II Huaraz.
  • Advirtió que las dificultades administrativas para renovar un convenio interinstitucional no deben traducirse en la suspensión de cirugías ni en barreras de acceso a servicios esenciales de salud.

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para el Derecho a la Salud, expresó su preocupación por la situación del Hospital II Huaraz de EsSalud, ante la información sobre la suspensión definitiva de la autorización sanitaria de su banco de sangre tipo I-B, que podría comprometer la atención oportuna de pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas, transfusiones sanguíneas y atención de emergencias. Frente a esta situación, la institución dirigió oficios a la Gerencia General de EsSalud, la Red Asistencial Huaraz, la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT) del Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Áncash y el Hospital Víctor Ramos Guardia, solicitando información documentada y la adopción de medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios.

Según la información difundida, la suspensión de la autorización sanitaria estaría relacionada con la falta de un convenio vigente para el abastecimiento de hemocomponentes entre el Hospital II Huaraz de EsSalud y un banco de sangre de mayor capacidad resolutiva; asimismo, se ha tomado conocimiento de presuntas dificultades en la renovación del convenio con el Hospital Víctor Ramos Guardia, relacionadas con aspectos tarifarios y administrativos. Esta situación resulta especialmente preocupante ante los reportes de cirugías de mayor complejidad que estarían siendo suspendidas o reprogramadas, así como de pacientes que estarían siendo referidos al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, hechos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo solicitó a EsSalud informar sobre el número de intervenciones quirúrgicas suspendidas, postergadas o reprogramadas; los pacientes referidos a otros establecimientos; y las medidas de contingencia implementadas para garantizar el abastecimiento seguro y oportuno de sangre y hemocomponentes. Asimismo, recomendó priorizar la atención de emergencias y cirugías no diferibles, asegurar mecanismos de referencia y traslado oportunos, y realizar el seguimiento clínico de los pacientes afectados, evitando retrasos que puedan agravar su estado de salud.

De igual manera, se requirió a la DIGDOT del Ministerio de Salud remitir el expediente técnico y administrativo que sustentó la suspensión de la autorización sanitaria, así como informar sobre las acciones de supervisión, asistencia técnica y coordinación interinstitucional desarrolladas antes de adoptar dicha medida. Si bien la autoridad sanitaria tiene competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de los bancos de sangre, resulta necesario esclarecer las actuaciones realizadas para prevenir y atender las consecuencias que esta situación podría generar sobre la continuidad de las prestaciones de salud.

Por otro lado, al Hospital Víctor Ramos Guardia y a la Dirección Regional de Salud de Áncash se les solicitó información sobre las gestiones efectuadas para la renovación del convenio, las observaciones administrativas o tarifarias que pudieran haber retrasado su suscripción y las acciones adoptadas dentro de sus competencias para facilitar una solución. Además, se recomendó fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas, a fin de establecer alternativas de abastecimiento de hemocomponentes que cumplan las condiciones de seguridad sanitaria y no comprometan la atención de los pacientes de ninguno de los establecimientos.

La Defensoría del Pueblo enfatizó que las dificultades administrativas, presupuestales o de coordinación entre instituciones públicas no deben convertirse en barreras que impidan a las personas acceder oportunamente a prestaciones esenciales de salud. Por ello, recomendó impulsar una articulación inmediata entre EsSalud, DIGDOT, DIRESA Áncash y el Hospital Víctor Ramos Guardia, con responsabilidades y plazos definidos, para superar las dificultades identificadas, regularizar el convenio y restablecer las actividades del banco de sangre conforme a las exigencias legales y sanitarias vigentes.

Finalmente, dada la urgencia de la situación, la institución solicitó a las entidades involucradas comunicar las medidas inmediatas adoptadas en un plazo de 24 horas y remitir la información documentada requerida en cinco días hábiles. La Defensoría del Pueblo realizará seguimiento a las respuestas y actuaciones institucionales, priorizando la protección del derecho a la salud, la seguridad de los pacientes y la continuidad de las intervenciones quirúrgicas y atenciones de emergencia.