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Defensoría del Pueblo exige acciones urgentes para prevenir la violencia sexual contra niños y adolescentes y combatir la impunidad

10:00 am 19/11/2026

  • En el Día Nacional contra la Violencia Sexual Infantil, la institución advierte sobre las alarmantes cifras de violencia sexual y demanda al Estado fortalecer la prevención, protección y atención integral de las víctimas.

En el marco del Día Nacional contra la Violencia Sexual Infantil, que se conmemora cada 19 de noviembre, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por la persistencia de la violencia sexual contra niños y adolescentes en el país, y exige al Estado peruano adoptar medidas urgentes y sostenidas para garantizar su derecho a vivir libres de toda forma de violencia.

Las cifras reflejan una realidad que no puede seguir siendo tolerada. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 2907 reportes de violencia sexual en instituciones educativas a nivel nacional, según la información consignada en la plataforma SíseVe. Esta cifra evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a hechos que afectan la integridad y seguridad de los estudiantes.

Asimismo, durante dicho periodo, los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendieron 6677 casos de violación sexual, de los cuales 3857 correspondieron a niños y adolescentes de 0 a 17 años. Estas cifras muestran la especial vulnerabilidad de esta población y la necesidad de garantizar una respuesta estatal inmediata y especializada.

La violencia sexual infantil no puede ser tratada como una sucesión de hechos aislados. Su persistencia exige revisar las deficiencias en la prevención, la identificación temprana de riesgos, la protección de las víctimas y la investigación de los delitos, especialmente cuando ocurren en entornos familiares, educativos y comunitarios, donde niños y adolescentes deberían encontrarse seguros.

A esta problemática se suman los riesgos de violencia sexual en entornos digitales, que demandan medidas de prevención y protección frente al acoso, la captación con fines de explotación y otras formas de vulneración de derechos mediante el uso de tecnologías. Resulta indispensable fortalecer las capacidades de niños y adolescentes, así como de sus familias y docentes, para reconocer situaciones de riesgo y acceder oportunamente a mecanismos de ayuda y denuncia.

Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos al Estado fortalecer una respuesta integral y articulada, con especial énfasis en:

  • Al Ministerio de Educación: garantizar entornos educativos seguros, fortalecer la prevención y detección temprana de la violencia sexual y asegurar la activación inmediata de los protocolos de atención y protección.
  • Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: fortalecer los servicios especializados de atención, protección y recuperación de las víctimas, asegurando su disponibilidad y accesibilidad en todo el territorio nacional.
  • Al Ministerio de Salud: garantizar atención médica y psicológica inmediata, especializada y continua, evitando prácticas que generen revictimización.
  • Al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú: asegurar investigaciones céleres, diligentes y con enfoque de niñez, evitando la impunidad y garantizando la protección de las víctimas durante todo el proceso.
  • A los gobiernos regionales y locales: fortalecer los mecanismos territoriales de prevención, identificación de riesgos y articulación de los servicios de protección, especialmente en comunidades rurales, indígenas y zonas de difícil acceso.

La Defensoría del Pueblo recuerda que, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y al marco normativo nacional, la protección frente a la violencia sexual constituye una obligación del Estado y no puede depender del lugar donde viva una niño o adolescente ni de su condición económica o social.

Asimismo, reafirma su compromiso de continuar supervisando la actuación de las entidades competentes, exigiendo respuestas oportunas y promoviendo medidas que garanticen la protección integral y la restitución de los derechos de las víctimas.

Ninguna niño o adolescente debe vivir con miedo a ser víctima de violencia sexual. Prevenirla, proteger a las víctimas y combatir la impunidad es una responsabilidad impostergable del Estado.