Defensoría del Pueblo insta al Estado fortalecer acciones concretas para garantizar los derechos de niños y adolescentes

En el marco del Día Mundial de la Infancia, la Defensoría del Pueblo invoca al Estado peruano a fortalecer las medidas de prevención, atención y protección frente a las situaciones que continúan afectando los derechos de niños y adolescentes. Garantizar su vida, integridad, salud, educación y desarrollo integral constituye una responsabilidad fundamental del Estado que requiere respuestas oportunas, recursos suficientes y resultados concretos.
La desaparición de niños y adolescentes continúa siendo una preocupación de especial relevancia. Según la información consignada del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 9000 denuncias por desaparición de personas a nivel nacional. Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que, en el primer semestre de 2025, las desapariciones reportadas de niñas y adolescentes aumentaron un 41% respecto del mismo periodo del año anterior.
Esta problemática pide fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los servicios de protección, así como las acciones preventivas frente a situaciones de violencia, trata y explotación que ponen en riesgo a esta población.
En materia de salud, el cáncer infantil sigue enfrentando barreras que comprometen la atención oportuna y la continuidad de los tratamientos. Pese a la aprobación de la Ley N.° 31041, Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente, persisten dificultades relacionadas con la implementación de sus disposiciones, el acceso a medicamentos y la disponibilidad de servicios especializados.
Frente a ello, recomendamos al Ministerio de Salud y a las entidades competentes a garantizar el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y la atención integral, priorizando a niños y adolescentes en situación de pobreza y pobreza extrema, para quienes estas barreras pueden resultar aún más graves.
El derecho a la educación también requiere especial atención. La pobreza, la discriminación, las barreras geográficas y las limitaciones en los servicios educativos continúan dificultando el acceso y la permanencia escolar. Según información del INEI correspondiente al último trimestre de 2023, el 12,4 % de adolescentes estudiaba y realizaba simultáneamente alguna actividad económica, situación que puede incrementar el riesgo de interrupción de sus estudios.
A ello se suman las deficiencias identificadas por la Defensoría del Pueblo durante la supervisión realizada en 2024 a 79 instituciones educativas de la Amazonía peruana que brindan el servicio de Secundaria con Residencia Estudiantil. En varias de ellas se advirtieron problemas de acceso a agua potable y electricidad, hacinamiento en dormitorios y falta de camas, entre otras condiciones que afectan el bienestar y desarrollo de los estudiantes.
La institución considera fundamental que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales adopten medidas efectivas para garantizar servicios educativos seguros, inclusivos y de calidad, con especial atención a las necesidades de niños y adolescentes de comunidades indígenas y zonas rurales.
La protección de la niñez y la adolescencia no puede limitarse a intervenir cuando sus derechos ya han sido vulnerados. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir los riesgos, identificar oportunamente las situaciones de vulnerabilidad y garantizar servicios públicos accesibles, adecuados y articulados, conforme al principio del interés superior del niño y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esta fecha, la Defensoría del Pueblo recuerda que los derechos de niños y adolescentes deben ocupar un lugar prioritario en las decisiones, políticas públicas y presupuestos de todos los niveles de gobierno. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar supervisando el cumplimiento de las obligaciones estatales y promoviendo acciones que garanticen su protección integral.
El mejor reconocimiento a la niñez no está en las declaraciones, sino en garantizar que cada niño y adolescente pueda crecer, aprender y desarrollarse en condiciones de seguridad, igualdad y dignidad.
