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Defensoría del Pueblo constata la ausencia de una política de Estado y de combate coordinado para hacer frente a la violencia contra la mujer en el Perú

3:12 pm 30/11/2017

Dijo hoy el titular de la institución Defensoría del Pueblo constata la ausencia de una política de Estado y de combate coordinado para hacer frente a la violencia contra la mujer en el Perú

  • Organismos encargados de administrar justicia carecen de un enfoque de derechos para encarar este grave problema.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, lamentó la ausencia de una política de Estado para encarar decididamente la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones y que prueba de ello es que los presupuestos y líneas de acción de los organismos encargados de administrar justicia carecen de un enfoque por la igualdad de derechos para encarar este flagelo.

A nivel institucional hemos advertido –dijo en tono enérgico- que está pendiente abordar una agenda por la igualdad de derechos y de contribuir, desde todos los niveles, a superar los roles asignados a las mujeres de nuestro país, los cuales las ha mantenido postergadas y ha limitado su desarrollo en todos los campos. Por ejemplo, para encarar adecuadamente esta deficiencia, se requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), otorgue un presupuesto capaz de permitir que la Policía Nacional del Perú (P/imagenes/notas/NP), al Ministerio Público y al Poder Judicial, puedan ampliar sus servicios y mejorar la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia en todo el país.

En el marco de la presentación del  Informe de Adjuntía N° 063-2017-DP/ADM:“La Ley N° 30364, la Administración de Justicia y la Visión de las Víctimas” Gutiérrez Camacho dijo que se ha comprobado que el Instituto de Medicina Legal no cuenta  con el personal ni con la infraestructura necesaria para la atención de las víctimas. Las razones que explican esta situación son el poco personal asignado, la falta de infraestructura y la sobrecarga de casos, sustentó el representante de la Defensoría del Pueblo.

En esa línea el Defensor del Pueblo, sostuvo que el Poder Judicial está obligado a aumentar  la cantidad y fortalecer las labores de los juzgados de familia que atienden los casos de violencia, al amparo de la Ley N° 30364. También se plantea que la P/imagenes/notas/NP capacite a la totalidad de su personal en el tratamiento e investigación de los casos de violencia contra las mujeres.

El documento, elaborado en base a entrevistas realizadas al personal de la P/imagenes/notas/NP, Ministerio Público, Poder Judicial y usuarias del sistema de atención de víctimas de violencia en las regiones de Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín, ha llevado a recomendar al Ministerio Público la necesidad a reorganizar sus recursos económicos para ampliar y fortalecer los servicios del Instituto de Medicina Legal.

El Informe N° 063-2017, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), evidencia que un 51% de los jueces y juezas consideran que existen situaciones de violencia en las relaciones de pareja que pueden ser resueltas mediante la conciliación de las partes. Al respecto, se recuerda a todos los operadores y operadoras del sistema de justicia que el mecanismo de conciliación no es aplicable bajo ninguna circunstancia en los casos de violencia contra las mujeres. .

Con relación al plazo de 72 horas para el dictado de las medidas de protección y cautelares durante la audiencia oral, el 40% del personal del Poder Judicial declaró que se cumple con el periodo fijado, mientras que el 31,4% señaló que excede el mismo. Sobre los motivos que no permiten que se cumpla con el plazo establecido, los encuestados/as precisaron que existe una sobrecarga en las labores de los juzgados de familia o sus equivalentes que genera una demora en la atención oportuna de los casos de violencia contra las mujeres.

Un preocupante 75% de mujeres encuestadas (117) que acudieron a los servicios no conocía en qué consisten los cambios introducidos en la Ley N° 30364 y su Reglamento. La falta de información sobre las normas que protegen a las víctimas de violencia es uno de los factores que inhiben a las mujeres a iniciar y transitar por la ruta crítica que les permita romper con el ciclo de violencia que las afecta.

La violencia contra las mujeres es una problemática que ha estado presente a lo largo de la historia y que se ha manifestado de diversas maneras en todas las culturas. De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre el 2013 y octubre de 2017, se han atendido a 261 721 mujeres víctimas de violencia, mientras que para el mismo periodo, se registraron 545 feminicidios y 997 tentativas.

Frente al panorama descrito en el presente informe, esta institución se ratifica en su propuesta para declarar al 2018: “Año de la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres” porque ello representará que el Ejecutivo y los demás órganos del Estado incluyan y reconozcan la necesidad de promover la protección y defensa de los derechos de las mujeres como un tema central en la agenda nacional.