Defensoría del Pueblo pide al Congreso reformular iniciativa que prohibiría a entidades públicas contratar servicios de publicidad en medios de comunicación privados

Ante proyecto de ley al respectoDefensoría del Pueblo pide al Congreso reformular iniciativa que prohibiría a entidades públicas contratar servicios de publicidad en medios de comunicación privados
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, planteó la reformulación de la propuesta legislativa – N° 2133/2016-CR- a través de la cual se plantea busca prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados porque ello representaría graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público, como problemas y políticas públicas en sectores o materias tan sensibles como la salud, educación o seguridad ciudadana.
En la línea del comunicado publicado en la víspera, Gutiérrez señaló que “nosotros planteamos que se reformule esta norma y que se permita el uso de los medios privados, porque aún los medios tradicionales, como la radio y los diarios, por ejemplo, en los sectores más populares y rurales sigue siendo los canales a través del cual el ciudadano se informa. Prohibir la publicidad estatal constituye un error porque implica ignorar que cerca del 40% del país no tiene acceso diario a la información”, subrayó el representante de la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa legislativa planteada propone que las entidades públicas empleen únicamente los medios de comunicación estatales y las redes sociales para difundir información a la ciudadanía, hecho que representa –para la Defensoría del Pueblo- una contradicción porque exigir la difusión de información mediante redes sociales representa no tener en cuenta que ellas pertenecen a empresas privadas y, en la mayoría de casos, exigen un pago para ampliar la difusión de contenidos.
Abundando en argumentos, Gutiérrez señaló que no se ha tenido en cuenta que, conforme a los datos proporcionados por Instituto Nacional de Estadística e Informática, cerca del 40% de la población no accede diariamente a Internet, y que aún son predominantes, sobre todo en provincias, medios tradicionales como la radio o los diarios regionales.
Dijo que si bien el mencionado proyecto de ley persigue un fin legítimo, esto es, evitar que la contratación estatal de servicios de publicidad sirva como un mecanismo de presión hacia los medios de comunicación que impida la investigación y difusión de hechos de interés público, conforme ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas conductas constituirían un supuesto de censura indirecta, que el Estado se encuentra en la obligación de evitar.
La Defensoría de Pueblo considera oportuno recordar que la información es a un mismo tiempo un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos, y una obligación del Estado de hacerla efectiva. Es, además, el principal instrumento que tienen los ciudadanos para conocer y supervisar a la gestión pública y acceder a información estatal. Por ello, en atención al principio de transparencia, el Estado tiene el deber de informar a la población sobre su ejercicio de gobierno a través de todos los canales de difusión, especialmente aquellos que resulten más eficientes para este propósito.
