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“No queremos una generación perdida afectada por la anemia”

1:14 pm 04/05/2017

Propuesta fortalece la parte social en la Ley de ReconstrucciónDefensor del Pueblo: “No queremos una generación perdida afectada por la anemia”

  • Más de 100 mil damnificados y 643 mil afectados por emergencia climática – de acuerdo a cifras del COEN –  requieren una restitución inmediata de sus derechos.
  • La Red Humanitaria ha reportado por su parte que 445 mil personas viven en situación de inseguridad alimentaria en el país.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que en este momento el Estado no conoce cuáles son las necesidades debido a que no cuenta con un padrón de afectados y que sólo se está atendiendo en un 50 por ciento la parte alimentaria.

Preocupado por esta situación, el defensor mencionó que se debería de implementar un programa para atender a los niños afectados para hacer “cosas extraordinarias”, más de lo que puedan estar haciendo los ministerios sociales.

Dijo también, que se ha comprobado que los programas de alimentación van a atender solo en un 50 por ciento “si nosotros no atendemos esta situación con urgencia se va a poner muy grave y probablemente vamos a perder una generación, lo que hemos ganado en 10 o 15 años lo podemos perder en un año, porque esos niños van a sufrir mucho, van a tener un impacto muy fuerte”, con respecto a los casos de anemia que se puedan registrar.

En tal sentido, anunció que la Defensoría del Pueblo (DP) ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que propone la implementación y aplicación de un enfoque de derechos, que haga posible el ejercicio pleno del derecho de los afectados, la restitución de los mismos al estado anterior del desastre y la pronta reposición de servicios básicos como salud, educación, transporte y seguridad, así como también la realización – por parte del Estado principalmente – de buenas prácticas que aseguren la protección de los derechos fundamentales.

Gutiérrez Camacho sostuvo que “la iniciativa tiene como objetivo que ante la ocurrencia de desastres, desde el Estado se comprometa la participación de los diversos sectores involucrados en los temas de salud, educación, medio ambiente, vivienda, justicia, seguridad ciudadana y la protección del interés social y económico de las personas; y que su accionar priorice los derechos fundamentales de las personas, es decir, aplique un enfoque de derechos en su respuesta al desastre”.

La propuesta de la Defensoría del Pueblo establece además un seguimiento sobre el cumplimiento del plan de reconstrucción, que debe darse con un enfoque de derechos, y que el Presidente del Consejo de Ministros informe cada seis meses al Pleno del Congreso de la República el nivel de avance y cumplimiento del plan de restitución y protección de derechos y servicios públicos.