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Defensoría del Pueblo plantea al Jefe de Estado establecer obligación para que funcionarios hagan públicas sus actividades.

12:10 pm 02/11/2016

Medida apoya la agenda anticorrupción que impulsa el gobierno.Defensoría del Pueblo plantea al Jefe de Estado establecer obligación para que funcionarios hagan públicas sus actividades.

  • También se recomienda sancionar el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Defensoría del Pueblo propuso establecer –con carácter obligatorio– que los funcionarios y servidores públicos con ‘poder decisorio’ hagan públicas las actividades que puedan haber desarrollado antes del ejercicio de sus funciones. La finalidad es hacer evidente cualquier situación que pudiera afectar su imparcialidad y neutralidad en el proceso de toma de decisiones que incidan en políticas públicas.

En oficio dirigido por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, se recomienda además que la agenda anticorrupción debe contemplar la sanción del incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para ello sería necesario introducir un catálogo de infracciones y regular un procedimiento sancionador frente a las mismas, salvaguardando el derecho de defensa y debido proceso.

“El seguimiento institucional a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806, ha demostrado la necesidad de crear no solo una autoridad autónoma que vele por la vigencia del derecho de acceso a la información, sino también la necesidad de reforzar este marco normativo con un régimen sancionatorio propio que garantice su cumplimiento”, indica el oficio.

Adicionalmente, se propuso una norma que establezca criterios, deberes, incompatibilidades y prohibiciones para la designación, nombramiento y cese de asesores del presidente, así como de los altos funcionarios del Estado en el marco de las funciones públicas que desempeñan.

Finalmente, se precisó que más allá del ámbito de acción de la Contraloría General de la República, el marco normativo actual que debe ser implementado por la administración pública, es deficitario en lo que respecta a la protección de los denunciantes de actos de corrupción. No existe un mecanismo efectivo de protección e incentivo de la denuncia que concurra junto al régimen administrativo disciplinario general.