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Defensor del Pueblo sostuvo que Consejeros Regionales tienen el reto de contribuir en la lucha contra la corrupción.

3:05 pm 23/02/2015

Durante inauguración de programa de entrenamiento a Consejeros Regionales.Defensor del Pueblo sostuvo que Consejeros Regionales tienen el reto de contribuir en la lucha contra la corrupción.

  • Encuentro es organizado por la Defensoría del Pueblo, el Programa USAID/PERÚ, Prodecentralización, UNICEF, GIZ, SERVIR y las ONGs Prisma e Islas de Paz.

Con la participación de 160 Consejeros y Consejeras Regionales representantes de 18 gobiernos regionales, se inauguró el taller presencial del Programa de Entrenamiento para el fortalecimiento de las capacidades de dichas autoridades regionales en el ejercicio de sus funciones de representación, producción normativa y fiscalización, que se realizará del 23 al 26 de febrero del presente.

Durante la jornada inicial, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló que los Consejeros y Consejeras regionales tienen el gran reto de revertir el escenario actual en el cual el alto número de casos de corrupción en diferentes gobiernos regionales y locales, han agotado la paciencia ciudadana y puesto en serio cuestionamiento el proceso de descentralización, así como la capacidad de las autoridades regionales para llevarlo a buen puerto.

Asimismo, destacó la importancia del rol que cumple el Consejo Regional en la propuesta, deliberación y aprobación de las políticas públicas regionales y de los planes y estrategia de desarrollo de sus localidades y beneficio de la población a la que representan, principalmente las más pobres y vulnerables. El titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo que este Programa de Entrenamiento se pudo realizar por el esfuerzo conjunto de la Defensoría del Pueblo, el SERVIR, el Programa USAID/Perú ProDescentralización, el Proyecto ProGobernabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, UNICEF, GIZ y las ONGs PRISMA e Islas de Paz, con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de capacidades de las nuevas autoridades regionales para garantizar una gestión regional eficaz, eficiente y al servicio de las personas, lo cual, a su vez, permitirá alcanzar los objetivos que orientan el proceso de descentralización: desarrollo integral y sostenido del país, la mejora de la calidad de vida de las personas y la plena vigencia de sus derechos. (Ver nota completa)