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Defensor del Pueblo lamentó que un gran número de sentenciados por delitos de trata de personas reciban penas menores a las establecidas en la ley.

11:53 am 11/12/2012

En agravio de niños, niñas y adolescentes:Defensor del Pueblo lamentó que un gran número de sentenciados por delitos de trata de personas reciban penas menores a las establecidas en la ley.

  • En 28 por ciento de casos, jueces no tomaron en cuenta minoría de edad de víctimas para emitir fallo.
  • Mayoría de víctimas son  adolescentes mujeres.

Mediante una reciente supervisión en materia de trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes, la Defensoría del Pueblo constató -entre otros aspectos-  que el 53% de los procesados por este delito fueron condenados a penas menores a las establecidas en la ley. En estos casos, los jueces y juezas no valoraron adecuadamente que los afectados eran personas menores de edad, lo que refleja la impunidad a la que están expuestas las víctimas de trata.

Durante la presentación del Informe Defensorial Nº 158, denominado “La Trata de Personas en agravio de niñas, niños y adolescentes”, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló que los argumentos utilizados en las sentencias para justificar la disminución de la pena son absolutamente irrelevantes y no tienen relación con la comisión del hecho. “Argumentar que los padres de las víctimas dieron su consentimiento o que el negocio donde eran explotados los menores de edad era pequeño y estaba formalmente constituido, es lamentable”, apuntó. Este documento defensorial ha sido elaborado sobre la base del análisis de 50 expedientes judiciales, tramitados desde el año 2007, en el que la Ley contra la Trata fue promulgada. El informe defensorial revela también que el 92% de las víctimas menores de edad afrontó los juicios sin contar con la asesoría de un abogado defensor. Asimismo, en 28% de los casos, los jueces -al momento de la calificación inicial de los hechos- obviaron la calidad de menor de edad de las víctimas.

Vega Luna indicó que, de acuerdo al estudio elaborado, ninguna de las 100 víctimas menores de edad identificadas recibió medidas de protección dentro del proceso penal, pese a que se encontraban en evidente situación de vulnerabilidad. Al respecto, precisó que el estado debe prestar especial atención tanto a la asistencia y protección de las víctimas, así como a la persecución y sanción a los delincuentes.

Por su parte, la Adjunta para la Niñez y la Adolescencia, Mayda Ramos, manifestó que “se  necesita reforzar acciones destinadas a implementar un verdadero sistema de protección de víctimas y sus familias, que permita humanizar la atención en el ámbito de la administración de la justicia penal”. Asimismo, destacó los esfuerzos realizados por el Ministerio Público en la lucha contra este delito. 

Lamentó que -en la mayoría de los casos- el monto por reparación civil no supere los 1000 nuevos soles. “A lo cual se suma el riesgo de revictimización en el que se encuentran las víctimas y sus familiares, debido a que sólo en dos de los casos analizados se mantuvo en reserva la identidad del afectado a lo largo del todo el proceso”, subrayó.

Por ello, exhortó al Congreso de la República a modificar el delito de trata de personas tipificado en el artículo 153° del Código Penal, a fin de que su contenido facilite una calificación adecuada. Esto debido a que la redacción actual resulta ambigua, por lo que en algunos casos el delito de trata de personas es confundido con otros delitos.

Asimismo, recomendó al Fiscal de la Nación, adoptar las medidas que correspondan para garantizar la protección a favor de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, entre ellas la implementación progresiva de las Unidades Distritales del Programa de Protección, de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. 003-2010-JUS.

La Defensoría del Pueblo planteó al Director de la Policía Nacional del Perú adoptar las medidas para garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema de Registro y estadísticas del delito de trata de Personas y Afines de la Policía Nacional del Perú – RETA.

Al Grupo Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas le solicitó adoptar las medidas respectivas para monitorear el RETA. Asimismo, le recomendó sistematizar las denuncias de acuerdo a lo establecido en el artículo 21º del reglamento de la Ley Nº 28950.     

Cabe precisar que, en la mayoría de los casos analizados, las víctimas son mujeres adolescentes, provenientes de distritos cuyo índice de pobreza supera el 16%, que son engañadas con la oferta de empleo y luego terminan siendo explotadas sexualmente. Indicó, además, que -según el estudio realizado- las zonas de captación son principalmente Iquitos y Ucayali; mientras que los lugares de explotación más frecuente son Lima y Cusco.