Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en proceso de extradición de ciudadano colombiano.

Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en proceso de extradición de ciudadano colombiano.
- Fue extraditado por delito de narcotráfico y luego puesto en libertad al no encontrarse responsabilidad penal.
- Estado peruano debe asumir el costo del retorno a su país de origen.
La Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, advirtió con preocupación que ninguna autoridad del Estado atienda los graves problemas que enfrenta el ciudadano colombiano Omar Penagos, absuelto por la justicia peruana, tras haber solicitado su extradición a nuestro país, por el presunto delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas.
De acuerdo a lo informado por la funcionaria, el señor Omar Penagos estuvo internado en el E.P. Miguel Castro Castro, desde noviembre del año pasado. El 31 de enero del 2012, la Cuarta Sala Penal Liquidadora a cargo de su caso resolvió el archivamiento definitivo del proceso al no encontrar responsabilidad penal y ordenó su inmediata libertad. Dicha resolución no dispuso que el Estado peruano asumiera los costos del retorno del ciudadano colombiano a su país de origen.
Penagos denunció que durante su revisión corporal en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario–I/imagenes/notas/NPE, se le quitaron las medias especiales que llevaba puestas —prescritas por orden médica—, para el tratamiento de la trombosis crónica que padece, lo que le impide caminar con normalidad. Dijo —además—, que desde su libertad ninguna autoridad se le acercó para interesarse por su caso, pese a encontrarse mal de salud.
Luego de conversar con el Cónsul de Colombia, el Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, José Ávila, informó que “en todo momento, el Consulado ha mostrado su disposición para la obtención de los documentos de identidad del señor Penagos, y a su vez, hemos coordinado con el Poder Judicial para que asuma el costo del traslado a su país de dicho ciudadano”.
Vignolo explicó que “el Acuerdo entre Perú y Colombia modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911 establece que el Estado requiriente, en este caso, el Perú, queda obligado de asumir todos los gastos derivados del pedido de extradición incluyendo los gastos posteriores, como el traslado. Aquí también debe entenderse que se asuman gastos tan urgentes como salud, alimentación y alojamiento, ninguno de los cuales ha sido atendido”.
“Este caso muestra afectaciones a los derechos fundamentales que el Estado peruano no debe dejar de atender: si una persona es absuelta en un proceso de extradición debe asegurarse de manera obligatoria su devolución a su país de origen así como la atención de sus necesidades urgentes, como garantía y protección a sus derechos; y mientras un inculpado se encuentra en la carceleta judicial, los procedimientos de revisión corporal deben ser respetuosos y no afectar la integridad de las personas detenidas”, puntualizó la funcionaria. (Ver nota completa).
