Defensoría exhorta al Ejecutivo a respetar decisión para modificar normas de reparaciones económicas individuales a las víctimas de la violencia.

Defensoría exhorta al Ejecutivo a respetar decisión para modificar normas de reparaciones económicas individuales a las víctimas de la violencia.
- Es una obligación impostergable del Estado atender a las víctimas de la violencia del período 1980-2000.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, exhortó al Poder Ejecutivo para que se cumpla con aprobar la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM, que dio inicio a las reparaciones económicas individuales, en el mes de junio del año pasado. Esta norma fue observada en su oportunidad porque vulnera el carácter permanente del Registro Único de Víctimas y ha perdido su finalidad reparatoria, al establecer criterios cuestionables.
Por ejemplo, se exige que los padres de personas asesinadas o desaparecidas tengan más de 80 años y se encuentren en situación de desamparo material, y que las esposas, esposos o convivientes deban tener más de 65 años, “sin considerar los casos de personas con enfermedades graves que necesitan de manera prioritaria acceder a estas reparaciones”, agregó.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que su institución ha cursado sendas comunicaciones a diversas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como han sostenido reuniones con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Economía a quienes se les han hecho conocer su preocupación por las dificultades que enfrentan las víctimas de la violencia, solicitando la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051-2011- PCM.
Vignolo recalcó que a la fecha ninguna víctima ha recibido reparaciones integrales, asimismo aún subsisten problemas en la implementación de las reparaciones en salud y educación.
La Defensoría exhorta a las autoridades del Ejecutivo, en especial al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Justicia para que en el más breve plazo se adopten las medidas que deban reimpulsar el proceso de reparaciones en el país y, se tomen en consideración las sugerencias y propuestas que las diferentes organizaciones de afectados a nivel nacional vienen realizando. (Ver nota completa).
