Saludamos aprobación del reglamento de la Ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes

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Saludamos aprobación del reglamento de la Ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes
- Diversos sectores del Estado deben elaborar protocolos especializados con la participación de niñas, niños y adolescentes.
Ante las alarmantes cifras recogidas por diversas instituciones sobre el castigo físico contra niñas, niños y adolescentes, la Defensoría del Pueblo viene impulsando, desde hace varios años la prohibición de ésta práctica humillante como una estrategia clave para eliminar la violencia hacia este sector de la población.
Según la ENDES 2017, el 10,8% de madres y el 10,0% de padres utilizan golpes para castigar a sus hijos e hijas de 1 a 5 años de edad, y durante esta edad es la madre quien corrige con mayor frecuencia (93,2%) y el 12,9% de madres y el 8,3% de padres usan palmadas como formas de castigo.
Los registros de los Centros Emergencia Mujer (CEM), arrojan que entre enero y abril de este año se han atendido 5860 casos de violencia psicológica y 3981 casos de violencia física contra niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar.
En ese contexto, nuestra institución ha resaltado la aprobación del Reglamento de la Ley N° 30403 que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes porque ello representará que las autoridades nacionales, regionales y locales dispongan medidas para promover el derecho al buen trato y pautas de crianza positiva en todos los ámbitos de desarrollo de dicho grupo poblacional.
La adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, manifestó que se seguirá supervisando que las autoridades competentes de prevenir, comunicar, sancionar y erradicar el castigo físico y humillante, cumplan con estas funciones; también, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), los sectores de Salud, Justicia, Trabajo y Educación elaboren los protocolos y normas complementarias con la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo recuerda que el cumplimiento de esta norma, concierne también a los padres y madres de familia y cualquier otra persona responsable en cualquier ámbito donde se desarrollen. Las personas menores de edad que experimentan violencia tienen un mayor riesgo a lo largo de su vida de sufrir problemas emocionales, físicos o trastornos de conducta, pero además constituye una grave amenaza para su presente y futuro así como para el de toda la sociedad.
