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Nuevamente Defensoría del Pueblo reitera que se declaren en emergencia los centros juveniles

4:13 pm 29/05/2018

Nuevamente Defensoría del Pueblo reitera que se declaren en emergencia los centros juveniles

  • Mayoría de locales tienen una antigüedad mayor a 50 años.
  • Se requiere  personal especializado para atención de  adolescentes.

Ante los últimos hechos ocurridos en el Centro de Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, la Defensoría del Pueblo, recordó e insistió ante el Poder Judicial que se declare en emergencia dichos centros, dado que carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad permitidas, sus espacios son reducidos, la iluminación insuficiente, tienen malas condiciones de aseo y están sobrepoblados.

Así también la Defensoría del Pueblo considera que es urgente dotar de mayor presupuesto a los Centros Juveniles a nivel nacional, a fin de implementar mejoras en su infraestructura, algunas de las instalaciones tienen una antigüedad mayor a los 50 años. Recomienda también que se adopten medidas de seguridad adecuadas, se mejoren los servicios básicos de agua, luz y desagüe,  así como debe incrementarse el número de personal especializado para el tratamiento adecuado de los adolescentes.

Mejorando estas condiciones podrían minimizarse las manifestaciones de protesta que ponen en peligro la vida de los internos y personal administrativo.

El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández Millán, explicó que los hechos ocurridos en la víspera en el Centro Juvenil de San Miguel, se debió a que un grupo de jóvenes del Programa de Intervención Intensiva (PII) se opuso al traslado al  Anexo 3 en el penal de Ancón.

Fernández señaló que tras una supervisión realizada por la Defensoría a los centros visitados -Arequipa, Piura, Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Cuzco y Lima (2)- se detectaron severos problemas de hacinamiento debido a que se ha superado la capacidad de albergue en 50%.

Dijo que la desatención de las obligaciones estatales en esta materia generará responsabilidades legales a nivel interno, sanción internacional para el Estado peruano por incumplir con las obligaciones asumidas en diversos tratados de derechos humanos (Convención de Derechos del niño y Convención contra la Tortura) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado puntualmente al Estado peruano que garantice que las condiciones de internamiento se ajusten a las normas internacionales y que se disponga de un espacio adecuado de alojamiento y acceso a servicios de alimentación, educación y atención de la salud.

El representante de la Defensoría del Pueblo subrayó que si bien se ha dispuesto el traspaso de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, del Poder Judicial al Ministerio de Justicia, este no tendrá ningún sentido si no se mejora el presupuesto de los mismos. Mientras tanto –anotó-, continuaremos supervisando los Centros Juveniles, a fin de colaborar con las autoridades judiciales en las acciones que resulten necesarias para mejorar las condiciones de vida de los adolescentes privados de libertad.