Candidatos a jueces y fiscales deberían poner declaración de intereses en hoja de vida

La presentación de la hoja de vida personal y profesional de los candidatos a jueces y fiscales para que sea sometida al escrutinio ciudadano, forma parte de las propuestas presentadas por la Defensoría del Pueblo al Poder Ejecutivo para contar con magistrados independientes e imparciales.
Esta «hoja de vida» no solamente debe contener información acerca de la trayectoria académico-profesional y de sus ingresos de bienes y rentas, sino también sobre los posibles conflictos de intereses así como la totalidad de sus resoluciones.
Esta declaración de intereses permitirá conocer, por ejemplo, el listado de las instituciones en las que haya laborado los futuros magistrados, la relación de las personas naturales y jurídicas a las que haya brindado asesoría, sea directa o indirecta, así como la relación de las empresas en las que haya tenido participación accionaria o de gestión.
Respecto a la publicación de las resoluciones que un determinado juez o fiscal haya emitido durante el ejercicio de sus funciones, la Defensoría plantea que con ello se permitirá que exista un control ciudadano sobre la labor jurisdiccional o fiscal y se fomentará la predictibilidad.
Otra sugerencia planteada por la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo la reforma judicial es la creación de la Escuela Nacional de Jueces y Fiscales que funcionará como un instituto de educación superior, adscrita a la Academia Nacional de la Magistratura.
La particularidad de este nuevo ente es que la formación que impartirá a los futuros magistrados será correspondiente al de una maestría en Derecho Jurisdiccional, con cursos de jornada completa durante dos años. Solamente los que concluya satisfactoriamente sus estudios en esta entidad de educación superior, estarán expeditos para postular a las plazas vacantes convocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.
La Defensoría plantea además que el Poder Judicial rinda anualmente un informe ante el Pleno del Congreso de la República sobre cómo administra justicia, para saber cuál es la seguridad y predictibilidad de los casos judiciales, cómo se gasta el presupuesto institucional y cómo se controla a los jueces.
Si el Poder Ejecutivo acepta estas sugerencias, se podría alcanzar una fiscalía y judicatura respetuosa del orden constitucional y libre de corrupción, subraya la Defensoría del Pueblo.
